Un tribunal militar de Myanmar condenó este viernes al periodista estadounidense Danny Fenster a 11 años de prisión, una sentencia que llega más de cinco meses después de que fuera detenido en el país por la junta militar que tomó el poder en un golpe de Estado a principios de este año. El periodista fue arrestado el pasado mes de mayo cuando intentaba salir del país y desde entonces había estado recluido en la infame prisión de Insein, en Yangon.

Fenster, de 37 años, director de la revista Frontier Myanmar, fue declarado culpable de incitación y de violación de las leyes de inmigración y de asociaciones ilícitas, aseguró su revista, que calificó las penas impuestas como “las más duras posibles según la ley”. Frontier informó que la decisión fue anunciada a puertas de la prisión de Insein, tras un juicio cerrado a la prensa y al público.

Estos cargos incluyen infracción de visado, asociación ilícita con un grupo ilegal e incitación en virtud del artículo 505a del Código Penal de Myanmar, que tipifica como delito la publicación o difusión de comentarios que “causen miedo” o difundan “noticias falsas”. A l imputado también se le impuso una multa en moneda local equivalente a 50 dólares estadounidenses.

La sentencia supone un duro golpe para los esfuerzos del Departamento de Estado de EEUU, que anteriormente había pedido al régimen que le liberara y que había descrito la naturaleza de la detención como profundamente injusta. A comienzos de esta semana se le atribuyeron además dos nuevos cargos penales en virtud de las leyes de sedición y terrorismo del país, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua, aseguró su abogado.

Cabe destacar que los cargos que se le imputaban estaban relacionados con la reivindicación de que Fenster trabajaba para Myanmar Now, a pesar de haber dejado el medio de comunicación online en junio del año pasado.

El periodista se incorporó a Frontier en julio de 2020, donde ocupaba hasta su detención el cargo de editor jefe. La propia revista señaló que el tribunal no tomó en cuenta pruebas clave, como los registros fiscales que confirmaban el empleo de Fenster en la citada publicación.

Phil Robertson, director adjunto para Asia de Human Rights Watch, aseveró que este encarcelamiento pretende ser también una advertencia para Estados Unidos y para los medios de comunicación.

“La justificación de la Junta para esta sentencia escandalosa y que viola los derechos humanos es, en primer lugar, conmocionar e intimidar a todos los periodistas birmanos que quedan dentro de Myanmar, al castigar a un periodista extranjero de esta manera”, dijo. “El segundo mensaje es aun más estratégico, y se centra en enviar un mensaje a Estados Unidos de que los generales del Tatmadaw no aprecian que se les apliquen sanciones económicas y pueden responder con diplomacia de rehenes”, añadió.

La sentencia se produce días después de que Bill Richardson, ex diplomático estadounidense y negociador de rehenes, se reuniera con el líder golpista, el general de división Min Aung Hlaing, y después de que los fiscales presentaran cargos adicionales de “terrorismo” y sedición contra Fenster.

El ejército detuvo a la presidenta electa, Aung San Suu Kyi, y a otros altos cargos el 1 de febrero de este año, haciéndose con el poder. La operación desencadenó protestas masivas y un movimiento de desobediencia civil al que los generales han respondido con la fuerza, causando la muerte de más de 1.250 personas y deteniendo al menos a 10.000, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, que ha estado monitoreando la situación.

La resistencia armada se ha extendido desde entonces, y los expertos de la ONU y otros observadores temen que la insurgencia incipiente pueda derivar en una guerra civil. Durante casi medio siglo de duro gobierno militar, la información ha estado rigurosamente controlada por el Estado, pero los medios de comunicación de Myanmar prosperaron después de que un gobierno casi civil introdujera tímidas reformas a partir de 2011.

Sin embargo, desde el golpe de Estado, los militares han anulado las licencias de los periodistas, han restringido las emisiones por Internet y por satélite y han detenido a decenas de profesionales, en lo que los grupos de derechos humanos han calificado de asalto a la verdad. Más de 100 periodistas han sido detenidos, de los cuales 35 siguen en prisión, según un grupo de vigilancia.