La libertad no llega a Cuba

Un mes después de las protestas masivas del 11 de julio, Cuba sigue a la espera de una libertad que no llega. Pese al nítido mensaje de rechazo a la dictadura que miles de cubanos lanzaron en las calles de diferentes lugares del país, en un estallido de indignación popular sin precedentes desde los años del dramático Periodo Especial, el régimen ha redoblado su apuesta por la represión, mientras intenta reformas económicas postergadas durante años para aliviar su asfixia financiera sin que eso abra la puerta a los cambios políticos que teme y que demandan muchos cubanos.

Superado el shock inicial por unas manifestaciones espontáneas que no esperaba, el gobierno se aplicó a lo que mejor sabe hacer, silenciar las voces disidentes. Si los burócratas del Partido Comunista se han mostrado insistentemente incapaces de resucitar una economía anquilosada, han hecho gala de implacable diligencia a la hora de aplastar policialmente a quienes luchan por la democracia.

El 11 de julio no fue una excepción. El presidente Miguel Díaz-Canel no tardó en constatar el fracaso de su intento por emular a Fidel Castro cuando se dirigió a los manifestantes que protestaban en La Habana, en el llamado Maleconazo de 1994. Con el sucesor del castrismo recibiendo insultos en la mayoría de concentraciones llegó la hora de las temidas “Avispas Negras” de la Policía, fuerzas antidisturbios que se emplearon a fondo en dispersar a los manifestantes.

En paralelo, la señal de internet desaparecía en toda la isla, en lo que según todos los indicios fue un intento del Estado por sabotear la comunicación entre quienes protestaban y sabotear la difusión de sus acciones reivindicativas. Tampoco el trabajo de la prensa resultó más fácil. El fotógrafo español Ramón Espinosa, de la Agencia Associated Press, resultó herido en un forcejeo con los policías que intentaban impedirle que tomara fotografías de las protestas. A otros periodistas les incautaron sus equipos de trabajo.

En los días posteriores, a medida que aumentaba la indignación internacional y en paralelo a los mensajes de condena que llegaban de Estados Unidos, el aparato de seguridad cubano prosiguió su meticulosa tarea de amordazar a los descontentos. Organizaciones como Human Rights Watch y Cubalex, una asociación de juristas pro derechos civiles, reportaron centenares de detenciones en todo el país. En algunos casos, las familias no eran informadas del paradero de sus seres queridos acusados de participar en las protestas, lo que llevó a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelete, a reclamar respeto a los derechos de los manifestantes.

La ola de detenciones se cebó especialmente con los jóvenes influyentes de Youtube que, como Dina Stars, arrestada en plena conexión en directo con la cadena española Cuatro, se han convertido en un referente para quienes se rebelan contra el monopolio informativo de los medios estatales y buscan en las redes un resquicio para la libertad de expresión. Destacadas figuras de la oposición, como José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, o el artista Luis Manuel Otero Alcántara, siguen privados de libertad.

A la apisonadora policial siguió la judicial y muchos de los jóvenes acusados de participar en las protestas fueron condenados en juicios sumarísimos por delitos como desorden público, incitación a delinquir o desacato, entre denuncias de que no habían recibido una adecuada asistencia legal. La activista disidente Rosa María Payá, hija del opositor Oswaldo Payá, muerto en extrañas circunstancias en 2012, resumió lo ocurrido como “un empeño de silenciar las graves violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en nuestro país”.

Pero, en paralelo a la represión, el gobierno cubano ha aprobado en el mes que ha transcurrido desde las protestas algunas medidas económicas de calado, un indicio de que en la nomenclatura comunista son conscientes de que la situación económica del país es insostenible y puede desembocar en más agitación en las calles. El machacón mensaje de que todos las privaciones son consecuencia del “bloqueo” estadounidense parece tan agotado para la opinión pública cubana que al gobierno no le queda alternativa a intentar paliar la miseria general.

Solo cuatro días después de las protestas, suspendió los aranceles que pesaban sobre los alimentos y medicinas que los viajeros introducían en la isla. Los envíos en el equipaje de los allegados que regresaban es una de las maneras más habituales en que los cubanos emigrados ayudan a sus familiares en Cuba, donde la inflación se ha disparado y muchos artículos de primera necesidad solo se encuentran en las tiendas del Estado en dólares, divisa fuera del alcance de la mayoría. La suspensión de estos aranceles debería facilitarla, pero la drástica disminución de los viajes internacionales por la pandemia hace que el verdadero alcance de esta medida sea más que dudoso.

Más recorrido tiene la autorización a las actividades de los negocios privados anunciada el pasado fin de semana. Esta era una demanda histórica de los cubanos que quieren emprender, hasta ahora ahogados por los monopolios estatales y una burocracia en muchos casos kafkiana. Si esta medida liberalizadora se mantiene y se respeta, podría empujar la economía una vez se reactive el turismo. Eso, en cualquier caso, parece aún una perspectiva lejana, dado que el covid sigue fuera de control en la isla y abundan las denuncias de hospitales saturados y escasez de medicinas.

En realidad, algunas medidas de apertura llevan años aprobadas por el Congreso del Partido Comunista, pero han sido indefinidamente pospuestas, quizá por temor a que la libertad económica pudiera ser el preámbulo a mayores demandas de democratización política. Pero la situación económica del régimen parece insostenible ya, como acredita el hecho de que se haya avenido a recibir ayuda humanitaria de México y Bolivia, e incluso algunos en la órbita del gobierno habían criticado el retraso en llevar las reformas a la práctica.