El régimen de Nicolás Maduro quiere poner al Gobierno español en apuros con la solicitud de extradición del líder opositor Leopoldo López. Así piensan expertos jurídicos consultados por LA RAZÓN tras conocerse que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pedirá a Madrid iniciar un proceso para que López sea enviado a su país para cumplir una condena de “ocho años, seis meses, 25 días y 12 horas” por los delitos de instigación pública a la violencia.

Los expertos consultados por LA RAZÓN creen que la solicitud de la justicia venezolana no tendrá ningún recorrido, pero no descartan que si Venezuela pone en marcha este procedimiento, la Interpol curse una orden de detención contra López, líder de Voluntad Popular y símbolo de la persecución chavista a opositores políticos.

“Este proceso judicial sirve para medir en qué momento se encuentran las relaciones bilaterales entre Venezuela y España”, ha dicho uno de los expertos jurídicos, que recordó que la extradición es un proceso mixto en el que intervienen el poder judicial pero también instancias políticas. “La solicitud de extradición de Leopoldo López pone en aprietos a España. Si hubiera sucedido en Alemania esa orden no se cursaría en ninguna circunstancia, pero en España no sé qué pasará”, añadió.

“Por coherencia, España debería revocar esa orden o dejarla paralizada”, explica otra fuente. “Leopoldo ha sido recibido por el presidente del Gobierno y es un perseguido político del régimen de Maduro conocido en todo el mundo”, añadió, “lo que hace que sea muy difícil que España ponga en marcha este proceso”. De hecho, López estuvo como huésped en la residencia del embajador español en Caracas durante varios meses y el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, se negó a entregarlo a las autoridades chavistas.

Si se cumplen todos los trámites de la orden de extradición, el líder venezolano, que salió de Caracas en octubre del año pasado de forma clandestina, sería detenido por las autoridades españolas. “Al comprobar que tiene arraigo en España porque su familia esta aquí, quedaría en libertad el mismo día de su detención. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores requeriría la autorización de Venezuela y después se celebraría la vista de extradición en la Audiencia Nacional”.

En los últimos años, la justicia chavista ha solicitad a España la extradición de varios opositores al régimen de Maduro, como sucedió con Enzo Franchini, acusado de haber participado en el homicidio de una persona durante una manifestación de opositores a Nicolás Maduro. Finalmente, la Audiencia Nacional negó la petición el año pasado al entender que existe “un temor racional y fundado de que los derechos del reclamado puedan ser vulnerados por parte de los órganos del Estado requirente”.

En 2019, el ex general chavista Hugo Carvajal se fugó de España después de que la Audiencia Nacional acordara extraditarle a EEUU, donde se le reclama por haber colaborado con las FARC para introducir cocaína en el país norteamericano. Las autoridades norteamericanas creen que Carvajal, que estuvo al frente los servicios de inteligencia venezolanos tanto con el presidente Hugo Chávez como con Nicolás Maduro, pretendía “inundar” Estados Unidos de cocaína.

Se da la circunstancia de que fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, que ha firmado varias órdenes de extradición, está sancionado por la Unión Europea desde 2018 por su papel en la represión policial contra ciudadanos venezolanos, lo que implica la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario.

Leopoldo López fue recibido por Pedro Sánchez en octubre de 2020 cuando salió de Venezuela, un encuentro que fue duramente criticado por el chavismo. Nicolás Maduro dijo en su día que el presidente del Gobierno español “siempre” comete “errores” con Venezuela.

Antes de refugiarse en la embajada de España y huir de Venezuela, López cumplía una condena en una cárcel militar en Caracas desde septiembre de 2015 tras ser acusado como responsable de los disturbios ocurridos al final de una marcha antigubernamental en 2014, en los que murieron tres personas.

El líder del PP, Pablo Casado, conminó este martes al Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer “a un tribunal de una dictadura” como el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. “Sánchez debe afirmar de inmediato que no reconoce a un Tribunal de una dictadura y que no va a tramitar la extradición de un exiliado como @leopoldolopez”, escribió Casado.