Cae el Gobierno de Rutte a dos meses de las elecciones

El mayor escándalo de la era Rutte. El Ejecutivo neerlandés presidido por el liberal Mark Rutte decidió ayer dimitir en pleno, tras descubrirse que la administración del país persiguió de manera ilegal a padres de origen extranjero y les obligó a devolver unas ayudas concedidas supuestamente de manera fraudulenta. Esto llevó a muchas familias con pocos recursos a la bancarrota, ante la necesidad de para pagar sus deudas con el fisco holandés.

La Hacienda de Países Bajos comenzó a perseguir a familias, un total de 26.000, a las que acusó de haber recibido ayudas de manera ilegal para el cuidado de sus hijos. En algunos casos, estas familias se vieron forzadas a devolver hasta 100.000 euros en pocas semanas, lo que les obligó a la pérdida de sus casas o a pedir un crédito a una entidad financiera.

El escándalo tiene dos vertientes: por una parte, el fisco del país no tenía pruebas suficientes para asegurar que estas personas no tenían derecho a esta subvenciones –ya que en algunos casos se trataba de meros defectos de forma en la tramitación de estas ayudas– y, por otra, ha quedado demostrado que las familias señaladas eran de origen extranjero, ya que la segunda nacionalidad aparecía destacada en los documentos oficiales. Hace un mes, la comisión parlamentaria encargada de la investigación dictaminó que se había cometido una «injusticia sin precedentes» con estas personas, víctimas de una doble vara de medir.

A pesar de la gravedad de estos hechos que sucedieron entre 2013 y 2019, todo indica que Rutte ha conseguido no verse directamente salpicado y salir relativamente indemne. Se espera que el Ejecutivo continúe trabajando de manera interina hasta las elecciones parlamentarias previstas para el 17 de marzo y parece que el actual «premier», a partir de ahora en funciones, volverá a ser el candidato con más apoyos. Las encuestas incluso vaticinan un incremento de seis escaños respecto a los comicios de 2017. Paradójicamente, los sondeos indican que el partido ultraderechista de Geert Wilders, conocido por su mensaje anti-inmigración, puede convertirse en la segunda fuerza. En las anteriores elecciones, fueron necesarios 208 días de duras negociaciones, para la formación de un gobierno estable, ante la fragmentación del hemiciclo.

Rutte lleva en el poder desde el año 2010 y desde entonces ha liderado coaliciones de diferente signo.

«El Estado de Derecho debería proteger a los ciudadanos del todopoderosos gobierno y eso se ha hecho terriblemente mal aquí», declaró ayer el primer ministro que siempre ha negado haber estado directamente implicado en esta trama en la que habrían participado funcionarios, jueces, parlamentarios y ministros. 

El líder del partido laborista, Lodewik Assher, ministro de Asuntos Sociales en el anterior ejecutivo, presentó el jueves su dimisión para no perjudicar a su partido de cara a las nuevas elecciones.

Aunque Rutte había defendido la necesidad de completar la legislatura para poder luchar contra la pandemia e imponer las medidas de restricción, el resto de los cuatro partidos del ejecutivo de coalición (Llamada Democristiana CDA, los progresistas D66 y Unión Cristiana) ha acabado presionando ante la amenaza de retirarle su apoyo y forzar una moción de censura. Los partidos de la oposición han celebrado este paso. El líder de izquierdas ecologista, Jesse Klaver, aseguró que ésta era la “única decisión correcta” y confió en que esto suponga un punto de inflexión para “reconstruir nuestro Estado de Bienestar”.

Dentro del debate europeo, Mark Rutte lidera el ala dura a favor de la ortodoxia fiscal. Holanda fue uno de los países que más batalló en la pasada cumbre del mes de julio para reducir el volumen de ayudas directas a las que podrán acceder los países más golpeados por la pandemia dentro del fondo reconstrucción europeo bautizado como Next Generation.

El Ejecutivo permanecerá como gobierno interino hasta los comicios del 17 de marzo, lo que le permitirá seguir gestionando la pandemia y aplicando las restricciones necesarias como parte del actual confinamiento, que mantiene cerrada toda la actividad no esencial hasta al menos el 9 de febrero.