La violencia, las amenazas y la censura marcan la campaña electoral en Venezuela

La campaña para el fraude electoral de Nicolás Maduro, que pretende escoger una nueva Asamblea Nacional el 6 de diciembre, se ha teñido de sangre. El candidato Waldo Santeliz recibió tres tiros durante un acto de campaña en el Estado de Trujillo, al oeste del país. Su partido, uno de los opositores intervenidos por el Supremo controlado por el chavismo, acusó al candidato rival, Michel Duque, de ser el autor intelectual del asesinato.

El acusado respondió con un comunicado en el que instó a las autoridades a esclarecer lo sucedido. «Nosotros los revolucionarios somos defensores de la vida, de la justicia y el amor, sea cual sea el motivo de un asesinato siempre será condenado», reza el texto publicado por el candidato oficialista.

Es el incidente más reciente de una campaña que ha pretendido dar visos de normalidad democrática a toda costa, incluyendo la organización y transmisión de debates entre rivales, transmitidos por televisiones privadas pero controlados por la voluntad del Ministerio de Información y el partido de Gobierno, que han tenido la última palabra al decidir quién participa en ellos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya comenzó a desplegar el «cotillón electoral» para las votaciones del 6 de diciembre, según informó desde su plataforma web, con el objetivo de instalar 14.221 centros de votación desde este domingo 29 de noviembre.

Aunque la cantidad de centros electorales son similares a las de elecciones pasadas, la convocatoria de 2020 mostrará una reducción de cerca del 27% de las mesas de votación que hubo en 2015, cuando la oposición unida derrotó al chavismo gobernante.

Maquinas de votación bajo sospecha

En este proceso, calificado como fraudulento por la Asamblea Nacional, 37 partidos de la oposición mayoritaria y actores internacionales como Estados Unidos, el Grupo de Lima o la Unión Europea, también debutarán nuevas máquinas para sufragar donde el voto «entubado» se impone al filtrar las voluntades por colores partidistas y complicando la selección de candidatos nominales. El equipo lo prové una misteriosa empresa argentina, Ex-Clé, que está inhabilitada para contratar con el Estado y el propio vicepresidente de la autoridad electoral pidió investigar en agosto pasado, cuando renunció al cargo.

La máquina, presentada como «hecha por ingenieros venezolanos», se puede encontrar en la plataforma de venta online china Alí Baba por la empresa TouchWo (ubicada en la provincia de GuangZhou). El «software» para contar los votos también es nuevo, y aunque se ha afirmado se diseñó con código abierto, en las auditorías se reveló que las máquinas utilizan Windows 10.

La Asamblea Nacional ha denunciado que el control del sistema está en manos de Jorge Rodríguez, ex ministro de Propagan de Maduro, ex presidente del Consejo Nacional Electoral y ahora candidato del partido oficialista.

Nada de esto ha inquietado a quienes participan en la campaña. Partidos políticos opositores, los convencidos de la ruta electoral «como sea», así como los intervenidos por el chavismo y hasta los partícipes de componendas con actores cercanos al régimen de Maduro, se han embarcado a pedir votos para renovar el Parlamento.

Sus promesas versan sobre lograr articular un Poder Legislativo que «le sirva a los venezolanos» y mejore su calidad de vida, con algunos proponiendo una inconstitucional dolarización de los salarios. Otros afirman que será la manera de desplazar definitivamente a Juan Guaidó y el Gobierno interino que encabeza desde el Parlamento. Ninguo marca como objetivo la salida de Maduro del palacio presidencial de Miraflores.

Entretanto, el oficialismo ofrece represalias. Los principales candidatos del PSUV, como Diosdado Cabello o la esposa de Maduro, Cilia Flores, han dicho que al controlar de nuevo la Asamblea Nacional van a «enjuiciar» a los opositores que hasta ahora la han ocupado. Afirman que la falta de reconocimiento internacional al resultado del 6 de diciembre no será impedimento para que la revolución avance.

En ambos sectores, se han violentado todas las normas sanitarias para evitar contagios por coronavirus, así como las cuarentenas ordenadas desde el Ejecutivo con la prohibición de eventos públicos multitudinarios. El Consejo Nacional Electoral, que afirma que las votaciones se harán con bioseguridad, no se ha pronunciado sobre las actividades de campaña convertidas en focos de supercontagios.

Adicionalmente, partidos del chavismo no alineados al PSUV denuncian censura por parte de los medios públicos y privados, e impedimentos para desarrollar su campaña electoral.

Por ahora, el único observador internacional es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), que firmó un convenio con el CNE para mantenerse «casi 24 horas en las auditorías virtual y presencialmente». La organización avaló la elección de la Asamblea Constituyente de 2017 a pesar de que la empresa que contaba los votos, Smartmatic, denunció que se infló el número de sufragios en un millón, y fue la única observadora del fraude de 2018 que Maduro afirma resultó en su reelección, tampoco reconocida por el Parlamento ni la comunidad internacional, incluida España.

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en eventos culturales organizados por el régimen de Maduro esta semana, afirmó estar dispuesto a servir como observador también, al mostrarse «esperanzado» por el 6-D, en una entrevista transmitida por una cadena de televisón perteneciente a testaferros chavistas.

Mientras, desde la oposición encabezada por Juan Guaidó se ha llamado a «dejar sola a la dictadura» el 6 de diciembre. «Comuniquen a sus vecinos no validar este proceso ni a los apéndices, aquellos traidores que le dieron la espalda al Parlamento», aseguró el viernes quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países.

Guaidó ha estado encabezando actos con grupos de la sociedad civil, caminatas y actividades de calle para promover una consulta popular el próximo 12 de diciembre en la que buscan apoyo ciudadano para rechazar la farsa electoral y reanimar voluntades alrededor del Gobierno interino que ha planteado, además, la «continuidad administrativa» de la actual Asamblea Nacional hasta que los nuevos diputados puedan ser elegidos «de verdad», bajos condiciones democráticas.