Graves disturbios en Perú tras la destitución de Vizcarra

Perú no descansa en paz. En uno de los países con mayor índice de corrupción y donde la pobreza supera el 30%, con graves problemas de racismo e integración, la nación que un día fue denominada como el milagro suramericano, hoy es un Estado donde los presidentes se relevan sin pasar por las urnas. Una olla a presión.

Centenares de manifestantes se congregaron ayer en el centro de Lima y marcharon hacia el Congreso en protesta contra la juramentación de su titular, Manuel Merino, como nuevo presidente de Perú, tras la destitución de Martín Vizcarra. A las puertas del Legislativo, se registraron choques entre manifestantes y Fuerzas de Seguridad desplegadas allí.

Movilizados a través de las redes sociales, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, se reunieron desde primera hora de la mañana portando banderas y carteles en contra de Merino, a quien califican de golpista y usurpador.

La Policía Nacional había levantado cercas de metal para impedir el paso peatonal hacia la sede del Parlamento, ubicado cerca de la céntrica plaza San Martín, anticipándose a la movilización de la ciudadanía, pero los choques no pudieron evitarse.

El empresario Manuel Merino de Lama se convirtió en el nuevo presidente de Perú con el difícil encargo de asegurar la transición democrática en pleno bicentenario de la independencia nacional. En su primer discurso como mandatario, confirmó que habrá elecciones presidenciales el 11 de abril de 2021. “Nuestro compromiso es llevar adelante una transición democrática”, resaltó.

“Aceptando el mandato de la Constitución, asumo hoy [por ayer] con honor y alta responsabilidad el cargo de presidente de la República. Es un momento muy difícil para el país. La crisis es innegable. Esta crisis hace que nos enfrentemos a dilemas permanentes”, empezó su alocución en el pleno del Congreso.

Merino, un ingeniero poco conocido en política y quien integra la bancada del partido conservador Acción Popular (AP), sucede a Martín Vizcarra, quien estaba completando el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, destituido este lunes “por incapacidad moral” por un Congreso integrado por 68 parlamentarios (de 130) con procesos judiciales en curso, a cinco meses de las elecciones generales programadas para el próximo abril, en una nueva crisis de la política local que no logró sacudirse tras una renovación de la Cámara en enero.

Si bien la popularidad de Vizcarra alcanzó niveles no vistos en décadas (especialmente tras cerrar el Congreso y también en el inicio de la pandemia, superando el 80%), la gravedad de la crisis sanitaria y económica ha mermado su aprobación.

Como en el juicio anterior a Vizcarra, realizado hace solo dos meses, no hubo asuntos ideológicos en esta disputa, pues tanto el mandatario como la mayoría parlamentaria son de centro derecha: 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones. De hecho, la incapacidad moral es una figura constitucional ambigua que deja un amplio margen de interpretación. El ex ministro es acusado de haber recibido sobornos años atrás cuando era gobernador, aunque el proceso todavía se encuentra en investigación.

Entretanto, el resto de ex presidentes vivos del país están condenados o imputados por diversos delitos, y Perú solo parece dar tumbos en un círculo en el que sale de una crisis política para entrar en otra. El diagnóstico es unánime y no tan aislado de varios otros países de la región: la debilidad institucional y la falta de partidos políticos fuertes. Sin embargo, al cumplirse 20 años de la difusión de los “vladivideos”, que destaparon la corrupción fujimorista y a la postre forzaron la caída del dictador, el país no ha logrado la refundación política que se prometió entonces.

En un rápido repaso: Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por crímenes de lesa humanidad; Alejandro Toledo (2001-2006), espera su extradición desde EEUU acusado de recibir hasta 35 millones de dólares de Odebrecht; Alan García (1985-1990; 2006-2011) se disparó cuando la Policía iba a detenerlo por el escándalo de la constructora brasileña; Ollanta Humala (2011-2016) podría enfrentar 20 años de cárcel por lavado de activos; y Kuczynsky (2016-2018), bajo arresto domiciliario, también por el “caso Lava Jato”

Por el momento, algunos líderes políticos calificaron lo sucedido como un golpe de Estado y en redes sociales se plasmó el descontento, con la viralización del Artículo 46 de la Constitución: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”.