Costa Rica lleva dos semanas sumida en una serie de protestas sociales con el Gobierno del presidente Carlos Alvarado. Una vez más el Fondo Monetario Internacional es protagonista de una crisis social en América Latina. La chispa del malestar prendió cuando el Ejecutivo anunció su intención de pedir un préstamo de 1.750 millones de dólares al FMI para paliar la crisis económica derivada del coronavirus.

El presidente anunció una subida de impuestos y medidas de austeridad que fueron suficiente para sacar a miles de costarricenses a las calles. Ante la falta de apoyo político, Alvarado anunció que retiraba de la discusión la propuesta al FMI y abriría un proceso de diálogo multisectorial. Pese a ello, las protestas ha continuado. Tradicionalmente, Costa Rica ha sido considerado un país estable y alejado de los vaivenes políticos y económicos de otros vecinos de la región. ¿Por qué entonces ha estallado este movimiento de repulsar?

Detrás de esta convulsión está el llamado Movimiento Rescate Nacional y sus dos ideólogos: el ex diputado Célimo Guido y el José Miguel Corrales, dos veces candidato a la presidencia de Costa Rica. El colectivo fue bautizado con este nombre hace seis meses al inicio de la crisis sanitaria. Dicen que representan a 18 sectores. Sus impulsores niegan tener aspiraciones políticas y defienden los bloqueos de las vías públicas, pese a que está considerado como delito.

Las protestas perdieron fuerza el pasado jueves cuando José Miguel Corrales pidió levantar los bloqueos y se retiró del grupo tras denunciar que había infiltración de grupos narcotraficantes en las protestas.

Célimo Guido cree que el ministro de Seguridad, Michael Soto, debe renunciar a su cargo y que el Gobierno debe sentarse a negociar bilateralmente con el movimiento. Pero no va a ser así. Este sábado se celebrará una mesa de diálogo conformada por varios sectores, pero a la que no fue invitada el grupo social Movimiento Rescate Nacional, que ha pedido al Ejecutivo que se comprometa por escrito a no solicitar un préstamos del FMI como condición para el cese a las revueltas.

Entre sus reclamos también figuran la exigencia de que el Ejecutivo no venda activos ni implante más impuestos indirectos, así como que no haya procesamientos penales ni sanciones contra los manifestantes.

Por si fuera poco se han registrado sospechosos incidentes que han encrespado los ánimos de unos y otros. Se ha detectado la presencia de policías vestidos de civil en las protestas. En un vídeo difundido en redes sociales se ve a un agente de paisano en las marchas, pero el Gobierno sostiene que era un policía antidrogas que tenía como misión identificar a personas relacionadas con el narcotráfico. Asimismo, el presidente Alvarado considera que que las manifestaciones han sido infiltradas por “estructuras delictivas y del crimen organizado”, lo que algunos organizadores de protestan han reconocido.