Boris Johnson siempre se ha movido en la fina línea que divide la verdad y mentira, lo legal de lo ilegal. Durante su época como periodista, sus crónicas, sin ser completamente inventadas, ofrecían sólo algún pequeño elemento de certeza. Y ahora que está en Downing Street, repite la misma estrategia. El premier está ofreciendo una versión sesgada del Acuerdo de Retirada pactado el año pasado con Bruselas para conseguir el apoyo de Westminster a una normativa con la que quiere ahora violar el tratado internacional. En definitiva, un órdago que puede acabar saliéndole muy caro.

“No toleraremos que la UE tenga el poder de romper nuestro país”, matizó ayer en los Comunes durante el inicio de la tramitación del polémico proyecto de Ley de Mercado Interno. El premier señaló que no le quedaba más remedio que seguir adelante con sus planes, ya que la UE no “había quitado el revolver” de la mesa de negociaciones en las que ambas partes están ahora inmersas para intentar cerrar un acto comercial antes de que a finales de este año termine el periodo de transición y los británicos salgan ya a efectos prácticos del bloque. De momento sigue sin haber avances y en caso de que finalmente no se acerquen posturas, las relaciones entre ambas partes se regirán únicamente bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio, en definitiva, Brexit duro económico.

Alrededor de una veintena de tories rebeldes se enfrentó anoche al Ejecutivo en una primera votación donde se analizaba solo el grueso de la normativa, entre ellos, la ex premier Theresa May y el que fuera ministro del Tesoro, Sajid Javid. Sin embargo, el proyecto de ley pasó por 340 votos a favor y 263 en contra a la siguiente fase, donde ahora sí se comenzarán a analizar los detalles. En este sentido, un grupo más amplio de conservadores amenaza con poner las cosas complicadas al Gobierno el próximo martes con revuelta ante una votación de una importante enmienda.

En teoría, la normativa de mercado interno busca garantizar el mercado sin obstáculos entre las naciones que componen el Reino Unido tras el Brexit. Pero en la práctica, contiene unas cláusulas que vienen a dinamitar el tratado internacional de retirada del bloque, en concreto, lo referente al Protocolo de Irlanda, el que siempre fue el principal escollo de las negociaciones de divorcio.

Según el protocolo, una vez termine el periodo de transición, Irlanda del Norte formará parte de la unión aduanera del Reino Unido, pero al mismo tiempo, seguirá también ligada a la normativa comunitaria en lo referente a bienes. En el caso de que Londres y Bruselas no lleguen ahora un acuerdo comercial, eso podría significar que se aplicarán aranceles a las mercancías que ingresan a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña (Escocia, Inglaterra, Gales) si se consideran “en riesgo” de entrar luego a la República de Irlanda (estado miembro de la UE).

Los aranceles serían reembolsables a los importadores cuando se pudiera probar que las mercancías no han cruzado la frontera hacia la República. Con todo, los controles se realizarían en primera instancia, creando barreras al comercio entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña.

Asimismo, en el Acuerdo de Retirada se acordó crear un comité conjunto (formado por el equipo británico y comunitario) para analizar la gama de bienes que se transportan desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Y se especificó claramente que, en caso de no lograrse luego un pacto comercial, todos se considerarían “en riesgo” de entrar en la UE y, por lo tanto, estarían sujetos a aranceles.

Johnson dice ahora que esto “impondría una frontera comercial a gran escala en el Mar de Irlanda”. Y es cierto. Pero es exactamente lo que él mismo firmó el año pasado con Bruselas. El problema es que el “premier” ya no se siente cómodo con lo acordado y ahora quiere cambiar las cosas para que, si no hay pacto comercial con la UE, se anulen las cláusula claves del protocolo y sea el Gobierno británico quien decida en última instancia los bienes que están “en riesgo” de acabar en el bloque.

En una muestra más del malestar que se vive en las filas tories, el enviado especial para la Libertad Religiosa del Gobierno británico, Rehman Chishti, anunció ayer su dimisión, pues en su opinión se quiebra “unilateralmente” los “compromisos legales” adquiridos por este país. Su renuncia se suma a la del responsable del departamento legal del Ejecutivo, Jonathan Jones, la semana pasada.

Varias figuras destacadas han expresado públicamente su desacuerdo con los actuales planes del Ejecutivo. Entre ellas, el ex primer ministro David Cameron, que se sumó a otros exjefes del Ejecutivo británico al expresar sus “reticencias” frente a la estrategia de Johnson. Cameron considera que “aprobar una ley del Parlamento y después romper una obligación contractual internacional es lo último que debería contemplarse”. También el ex fiscal general del estado, el euroescéptico Geoffrey Cox, acusó ayer al líder tory de infligir un daño “inadmisible” a la reputación internacional del Reino Unido. (fin).