Conte, el primer jefe de Gobierno europeo que responde ante la Justicia por la pandemia

Giuseppe Conte llevaba toda la semana preparando lo que su equipo de comunicación ha bautizado los «estados generales de la economía», unas jornadas de debate para gloria del primer ministro, en las que espera que la plana mayor de la UE le bendiga como el hombre de la recuperación italiana. Pero el pasado miércoles sonó el teléfono en el Palacio Chigi, con una incómoda llamada. En la Fiscalía de Bérgamo querían saber su versión de los hechos durante los primeros días de la pandemia, cuando los casos de coronavirus se empezaron a extender sin que ninguna autoridad confinara la localidad bergamasca de Alzano Lombardo, donde su hospital se convirtió en un foco de contagio, y el municipio vecino de Ambro.

Los fiscales tenían prisa, querían hacer su trabajo cuanto antes. Conte tuvo que posponer un día el inicio de su convención y, a cambio, dio cita a los magistrados en la sede de la Presidencia del Gobierno en Roma.

El interrogatorio se produjo ayer por la mañana en el Palacio Chigi y se prolongó tres horas. Al término del encuentro no hubo ninguna comunicación institucional. Solo la fiscal jefe de Bérgamo, Maria Cristina Rota, dijo a los periodistas que «las audiciones se desarrollaron en un clima de máxima distensión y total colaboración institucional».

Según los mentideros de la Prensa, Conte habría manifestado que «todos los pasos han sido reconstruidos y se ha aclarado todo». Desde su entorno, sin embargo, no quisieron hacer declaraciones. El primer ministro había ofrecido un día antes una entrevista en «La Repubblica» donde afirmó que «haría todo de nuevo» y recalcó que no teme que el asunto vaya a más.

El primer ministro italiano simplemente declaró en calidad de testigo, como «persona informada de los hechos», según el lenguaje judicial italiano. Es decir, por el momento no pesa sobre él ninguna acusación, aunque ya se ha convertido en el primer jefe de Gobierno europeo en tener que dar explicaciones ante la Justicia por su gestión de la pandemia. Los fiscales continúan sus investigaciones sin que haya todavía ningún imputado ni una hipótesis siquiera de delito.

Después de Conte prestaron declaración su ministra del Interior, Luciana Lamorgese, y el titular de Sanidad, Roberto Speranza. Días antes ya lo habían hecho los principales expertos médicos y los dirigentes de Lombardía. Si los magistrados aprecian que la decisión de alguno de ellos puede tener consecuencias penales, el caso entrará en una nueva fase y posiblemente pase a otro tribunal competente.

Se investiga por qué nadie clausuró Alzano y Ambro, al igual que se había hecho al principio con una decena de pueblos lombardos y Vo’ Euganeo, en la región del Véneto. Los primeros avisos por parte del personal médico llegaron el 27 de febrero, el Ejército se desplegó en las calles el 5 de marzo para proceder al confinamiento, pero finalmente no hubo una decisión hasta el 8 de marzo, cuando el Gobierno declaró «zona roja» toda la región de Lombardía.

El Ejecutivo, formado por el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y el socialdemócrata Partido Democrático, acusa a la región de Lombardía, gobernada por la derechista Liga, y viceversa. Ambos tenían competencias para actuar, pero ninguno lo hizo.

Los fiscales comenzaron a indagar después de que varias investigaciones periodísticas publicaran que la presión de la potente patronal lombarda para continuar la actividad fue fundamental. El jefe de los industriales lombardos, Marco Bonometti, que también ha prestado declaración, llegó a decir que «había actividad básica que hubiera sido contraproducente parar».

El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, apoyó una campaña para seguir produciendo, al igual que habían hecho días antes en Milán. Ahora se lamentan de aquello, pero políticos de uno y otro signo respaldaron entonces esas iniciativas.

Lombardía sigue siendo hoy la región más golpeada con más de 16.000 muertos y 91.000 contagiados. En marzo, la mortalidad en Bérgamo se multiplicó por diez y en los municipios que no llegaron nunca a ser confinados fue diez veces mayor.

Ahora les toca a los fiscales determinar si de ahí se pueden extraer consecuencias penales. También se investiga si hay responsables por los fallecidos en las residencias de Bérgamo. En toda Lombardía, las autoridades regionales calculan que habrían muerto unos 5.500 ancianos, aunque los datos serían mucho mayores, pues a muchos no les hicieron las pruebas del coronavirus.

La Fiscalía de Bérgamo se cuestiona si el comité técnico-científico actuó a tiempo y si los políticos siguieron sus instrucciones. Italia ha entrado en un periodo de rendición de cuentas, aunque aún es pronto para obtener culpables.