Mineápolis refundará la Policía para evitar nuevos abusos

La Policía de Mineápolis, la ciudad donde un agente ha sido acusado del asesinato en segundo grado de George Floyd, será deconstruida y vuelta a construir. Nadie sabe muy bien qué quiere decir esto, pero responde a uno de los mantras que recorrían las manifestaciones. En declaraciones a la CNN, Lisa Bender, presidenta del Consejo de la ciudad de Mineápolis, subrayó el compromiso de su equipo para «desmantelar la Policía tal como la conocemos en la ciudad de Mineápolis y a reconstruir con nuestra comunidad un nuevo modelo de seguridad pública que realmente mantenga a salvo a nuestra comunidad». Por supuesto sus palabras tenían un antecedente claro: el alcalde, el demócrata Jacob Frey, había sido barrido de una manifestación celebrada durante el fin de semana.

Su pecado consistió en no comprometerse a desmantelar el Departamento de Policía de la ciudad. «Alcalde, tenemos una pregunta para usted», dijo un manifestante. «¿Se compromete a dejar de sufragar a la Policía de Mineápolis?». «No defiendo la abolición total del departamento de Policía», respondió Frey, que prácticamente abría así su fosa política, por más que la petición sonase por completo inalcanzable. O a lo mejor no. Entre los miembros del consejo municipal que apoyan la iniciativa anunciada por Bender figuran el vicepresidente del Consejo Municipal, Andrea Jenkins, y los consejeros Jeremy Schroeder, Jeremiah Ellison, Alondra Cano, Steve Fletcher y Cam Gordon.

Entre todos suman los suficientes votos como para impedir que nadie pueda tumbar su propuesta. Pero como recuerdan varios analistas, no es menos cierto que un cambio de semejante naturaleza requerirá de algo más que de una votación más o menos rutinaria en el consejo de la ciudad.

Otro miembro del consejo municipal, Phillippe Cunningham, habló sobre las enormes cantidades de dinero que la ciudad deriva a financiar el Departamento de Policía. «Y ¿qué tenemos a cambio?», preguntó, «Dolor, trauma y heridas». Antes de eso Bender había explicado que los miembros del equipo municipal estaban allí, con los manifestantes, «porque George Floyd fue asesinado por la Policía de Mineápolis. Estamos aquí porque aquí, en Mineápolis y en ciudades de Estados Unidos, está claro que nuestro sistema actual de vigilancia y seguridad pública no mantiene seguras a nuestras comunidades. Nuestros esfuerzos de reforma incremental han fallado. Punto».

La congresista demócrata, Ilhan Omar, ha escrito en Twitter que «Nadie aboga por la ilegalidad. Nadie aboga por que nuestras comunidades estén en peligro o que ocurra un crimen en Mineápolis sin que exista responsabilidad». Más bien, dijo, se trata de una «oportunidad para deshacernos de un sistema que fue construido para no brindar seguridad y servicio y comenzar a implementar un sistema que sí brinde esa seguridad».

Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, ha presentado las propuestas del Partido Demócrata a nivel nacional. Entre otras cosas reclama la prohibición de las llaves que incluyan técnicas de estrangulamientos, suprimir las leyes locales y estatales que permiten entrar en un domicilio sin autorización judicial previa, la desmilitarización de la Policía, la creación de una base de datos federal con los expedientes e informes de mala conducta y el que los linchamientos constituyan un delito federal.

En cuanto a Mineápolis, la idea de los consejeros municipales no ha ido de momento más allá de la mera declaración de intenciones. Nadie ha proporcionado un borrador o una hoja de ruta. Pero el plan puede sonar menos descabellado de lo que parece si sus impulsores toman como ejemplo algunas de las propuestas acumuladas durante los últimos años por los estudiosos de la violencia policial en Estados Unidos.

Por ejemplo, existe amplia evidencia disponible sobre la profunda influencia que tienen los contratos que cada ciudad firma con sus policías locales. Se trata de convenios colectivos donde los todopoderosos sindicados policiales tienen mucho qué decir, y que generalmente amparan bajo el manto corporativista los posibles excesos que comentan sus afiliados. Samuel Sinyangwe, uno de los especialistas que mejor y más profundamente ha estudiado el fenómeno, recopiló hacer un par de años una serie de documentos y estudios donde se aprecia que, por ejemplo, resulta muy beneficiosa la implementación a nivel estatal y local de una serie de normas legales que restrinjan el uso de la fuerza policial.

Desmilitarizar los cuerpos policiales es otro aspecto urgente, por cuanto las series estadísticas demuestran aquellos departamentos de Policía que cuentan con equipamiento militar matan porcentualmente a más personas que aquellos otros pertrechados con equipos solo policiales. Porque, atención, la militarización de la Policía no tiene solo que ver con la adquisición de armas, vehículos y uniformes provenientes de los «stocks» del Ejército federal, sino que también ha comprendido la exportación y asunción por parte de no pocos departamentos de Policía de una cultura y una organización eminentemente castrenses.

Asimismo, es importante que las investigaciones de los presuntos excesos sean desarrolladas por organismos independendientes, con preferencia por el Departamento de Estado y el FBI. Otras soluciones, en cambio, como los seminarios de reeducación, las cámaras de vídeo incorporadas a los uniformes o la mejora del entrenamiento que reciben los agentes no parecen contar con evidencia fáctica que demuestra sus presuntas bondades.