Delcy Eloína Rodríguez (Caracas, 1969) ocupa desde mediados de 2018 el cargo de vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela y es, de facto, la numero dos del régimen de Nicolás Maduro. Cuando apenas contaba siete años, su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido marxista Liga Socialista, falleció mientras se encontraba preso y bajo custodia de la policía política del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Rodríguez es, desde su muerte, un mártir de la izquierda y ahora del chavismo. Ese hecho marcó profundamente a Delcy Rodríguez y reforzó su vocación política. “Yo sí sé lo que es una dictadura (…) A mi padre le costó la vida ser un disidente político”, dijo ante las acusaciones de la oposición de ser la dirigente de una dictadura.

Ocupó diversos cargos en el Ejecutivo de Hugo Chávez (llegó a ser, en 2006, ministra del Despacho de la Presidencia), pero su carrera política despegó con la llegada de Maduro al poder. Así, en 2014 fue designada ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, convirtiéndose en la primera mujer venezolana que alcanzaba el cargo de canciller o ministra de Asuntos Exteriores. Dos años después, Maduro la condecoró con la orden militar de la Defensa Nacional por “defender los intereses de la nación ante los ataques de la derecha”. Y ese mismo año recibió la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela por “llevar con honor y amor la verdad de Venezuela al mundo”. Un año después, en 2017, fue aupada por Maduro al cargo de vicepresidenta del país.

Muchos de sus enemigos le achacan que, pese a residir en Altamira, un barrio de clase alta de Caracas, Rodríguez siga defendiendo los ideales marxistas de su padre. También le afean su uso en la vida política de un lenguaje bronco y agresivo, con frecuentes insultos a diversas personalidades del país, a pesar de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente que ella misma presidía, y que prohíbe ese tipo de conductas.

El pasado mes de septiembre, sin ir más lejos, acusó al líder opositor Juan Guaidó de liderar una delegación de “criminales y paramilitares” supuestamente vinculada al grupo organizado del narcotráfico colombiano conocido como Los Rastrojos, y aseguró que estas vinculaciones son peligrosas y representan “una traición”. “Ahí están las evidencias, sacan a Guaidó como lo que es, como un delincuente haciendo la ruta criminal. Estas evidencias y más cosas las vamos a llevar a las Naciones Unidas”, aseguró. Y añadió que no es la primera vez que se utilizan “bandas criminales para derrocar a gobiernos libres, de izquierda”, y puso como ejemplo los casos de Nicaragua y El Salvador en el pasado.

En junio de 2018 fue incluida por la Unión Europea, junto a otros funcionarios venezolanos de alto nivel del régimen de Maduro, en una lista de personalidades a las que se vetaba la entrada al territorio de la Unión, así como la congelación de sus bienes en los países miembros, por estimar que todos ellos estaban implicados en la represión a una gran parte del pueblo venezolano. Dicho veto de la UE se fundamenta en que las acciones de Delcy Rodríguez “han minado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, lo que incluye la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional y su uso para cercar a la oposición y evitar que participe en el proceso político”. Pocos meses más tarde, en septiembre de 2018, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), aplicó contra ella y otros dirigentes venezolanos una nueva ronda de sanciones.