Se cumplen ahora cinco años de la trágica y aún enigmática muerte de Alberto Nisman, el fiscal argentino que investigó el peor atentado que sufrió el país y que denunció mediáticamente a la presidenta Cristina Fernández para días después morir de un disparo en su casa de Buenos Aires. Se trata de una historia llena de intrigas en la que se mezcla la política local con países como Irán, Israel y los servicios de inteligencia argentinos.

A un lustro del trágico final, la justicia sigue buscando respuestas a la muerte de Nisman y parece atada a los vaivenes políticos. A estas alturas, conocer la verdad de lo sucedido con el fiscal, que ya tiene una serie en Netflix, parece complicado si bien muchos argentinos creen que fue un asesinato y no un suicidio.

Nisman investigaba el atentado a la mutua judía AMIA ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y 300 heridos. A día de hoy este caso aún no tiene condenados aunque la justicia argentina en 2006 señaló al Gobierno iraní como responsable a través de Hezbulá, organización libanesa radical chií que es el brazo armado no oficial de Irán.

Alberto Nisman se hizo cargo de la investigación desde 2004, cuando Néstor Kirchner reactivó la causa hasta ese momento dormida. Cristina Fernández de Kirchner, ya en la presidencia, decidió cooperar con Irán para la resolución del caso a través de un acta de entendimiento y una comisión de la verdad que nunca se llevó a cabo dado que el memorándum no fue ratificado por Teherán.

El memorándum fue firmado en enero de 2013 en Etiopía por los ministros de Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, y argentino, Héctor Timerman y fue el punto de inflexión donde el kirchnerismo se distanció del camino planteado por Nisman, que era el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA.

Nisman aseguró en un comunicado «la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní, acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso».

Ese memorándum distanció a Nisman del kirchnerismo, que según el fiscal fallecido intentaba encubrir a Irán para favorecer un acuerdo comercial entre ambos países. Combustible barato iraní a cambio de impunidad. Esa fue la denuncia que realizó justo cuatro días antes de su muerte.

Nisman falleció el domingo 18 de febrero de 2015. El lunes 19 debía ratificar la denuncia ante el Congreso de Argentina en uno de los más grandes escándalos. Lo ocurrido después ya se conoce. No llegó con vida a esa fecha para declarar ante el legislativo en contra de Cristina Fernández.

«El kirchnerismo se portó antes de su muerte como si quisiera matarlo, y después de su muerte como si lo hubiese matado», declaró a Efe el diputado opositor Waldo Wolff, de la formación macrista Juntos por el Cambio.

La muerte del fiscal dejó muchos puntos oscuros: se destaparon escuchas, espionajes y una red de inteligencia y contrainteligencia, el miedo a la existencia de terrorismo activo en la región y un cúmulo de irregularidades sumadas a una justicia negligente, lenta y sometidas a los tiempos de la política.

La causa está estancada. La primera investigación pericial que se realizó horas después de la muerte del fiscal por el cuerpo médico forense sostenía la hipótesis de un suicidio, ya que no se encontraron indicios que demostraran la participación de una tercera persona en la escena del crimen. Pero en 2016, el entonces fiscal de la causa, Eduardo Taino, pidió a la Gendarmería Nacional un peritaje en el que se determinó que la muerte de Nisman fue un asesinato. Ahora, el actual presidente Alberto Fernández ha pedido que se revise de nuevo la investigación que apuntaba a la vicepresidente Kirchner.

Estos cambios en las investigaciones, según los políticos que gobiernan en cada momento, son claras muestras de la falta de independencia que tiene el sistema judicial argentino y cómo los políticos marcan el ritmo judicial, pero la cuestión es que tanto la causa que investigaba Nisman como el mismo fiscal muerto son parte de este sistema.

El otro oscuro personaje que cierra la historia es Jaime Stiuso, espía expulsado de la Secretaría de Inteligencia del Estado por Cristina Fernández de Kirchner. Stiuso declaró en la causa en diciembre de 2019 que «la campaña de desprestigio iba atada a todo esto. Todo esto partía del cerebro enfermizo de la mujer».

El otro actor que completa la escena es la persona que le proporcionó el arma a Nisman y con vínculos de amistad tanto con Stiuso como con el mismo Nisman. Diego Lagomarsino, técnico informático que trabajaba con el fiscal y que aseguraba ser amigo íntimo del fallecido. Hoy está imputado como partícipe necesario de la muerte ya que le dio una pistola horas antes de su muerte. Tanto Stiuso como Lagomarsino están en la causa. El primero como como supuesto instigador y el otro por aportar el arma y aparecer en la escena poco antes y siendo la última persona que lo vio con vida.

Lagomarsino afirma que dio el arma a Nisman porque éste se la pidió para proteger a sus hijas, pero cinco años después considera que estaba en un momento «muy tenso» de su vida, entre la espada y la pared, y que finalmente lo que acabó con su existencia fue un «autodisparo». De momento, es un misterio sin resolver.