MADRID- Los concejales del PP de Getafe dieron ayer un paso más en su lucha por esclarecer la presunta adjudicación irregular de 1.423 plazas de aparcamiento en la localidad. Presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que piden que se estudien unos presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias cometidos por el alcalde de Getafe, Pedro Castro; su hijo y concejal de Hacienda, David Castro; la concejal de Obras y Servicios, Cristina González, su marido y sus padres; y un grupo de empresarios afines al PSOE. El portavoz del PP en Getafe, Carlos González, acompañado por Gádor Ongil, vicepresidenta del PP de Madrid, trasladó al Ministerio Fiscal toda la documentación sobre las cooperativas que resultaron ganadoras del concurso de los aparcamientos. Doce millones de eurosEl caso surgió después de que la concejala de Obras adjudicara las obras y explotación de un parking en la localidad a una cooperativa presidida y administrada por sus familiares. La Ley de Contratos obliga a los cargos públicos a abstenerse en una votación en la que pudiesen favorecer a un familiar. Además, la operación podría haber aportado a la sociedad de los parientes de González unos beneficios aproximados de doce millones de euros.«Tras el portazo del Gobierno local a la investigación en una comisión oficial, esperamos que la Justicia clarifique las responsabilidades», indicó el portavoz popular de Getafe quien, asimismo, lamentó que «el alcalde, Pedro Castro, haya tratado de esconder el asunto y siga manteniendo en su equipo a la concejala de Obras, a pesar de demostrarse que vulneró la ley y que actuó en beneficio de sus familiares adjudicándoles la gestión de uno de los aparcamientos».Por su parte, la primera teniente de alcalde y portavoz socialista, Sara Hernández, aseguró ayer a Europa Press que «no se ha imputado ningún tipo de delito a Pedro Castro, ni a ningún otro miembro del Gobierno municipal» y calificó de «teatro» la actitud del PP a nivel local.