PSOE y PP bloquean limitar las pensiones de los ex presidentes

Tras la propuesta del fin de semana lanzada por el líder del PP, Mariano Rajoy, para acabar con los posibles privilegios de los diputados en su régimen de pensiones, Bono ha enviado una carta a los portavoces de los grupos para que comuniquen qué aspectos del estatus de los parlamentarios quieren modificar.

El debate del complemento que han recibido 81 de los 3.600 diputados de la democracia para poder cobrar la pensión máxima se ha mezclado con la polémica por los sueldos vitalicios de los expresidentes del Gobierno en una jornada política en la que han vuelto a la palestra las actividades privadas autorizadas a los parlamentarios.

De hecho, el presidente de la Cámara Baja ha ido más allá de los complementos de pensiones y ha ampliado el debate a la posibilidad de endurecer el sistema de incompatibilidades de los diputados en activo e incluso a la publicación de sus bienes, renta y patrimonio personal y familiar, como ya ocurre con los miembros del Gobierno.

Entre tanto, el pleno del Congreso ha debatido una proposición de IU-ICV para hacer más transparente el régimen de incompatibilidades, con una limitación a dos años de las pensiones vitalicias de los ex presidentes del Gobierno.

Además, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha defendido que no sean compatibles estas retribuciones públicas con otras privadas, como las que cobran de dos empresas energéticas los ex presidentes Felipe González y José María Aznar.

Sin embargo, los dos grupos mayoritarios han frenado la iniciativa, porque aunque los socialistas y "populares"sí están dispuestos a estudiar una mejora del estatus de diputados y senadores, no ven adecuado hacerlo mediante la propuesta de IU, ni quieren revisar la situación de González y Aznar.

Unos casos que ante el pleno han sido calificados de "inaceptables"e "intolerables"por el PNV o el BNG, que critican que ambos aprovechen sus influencias para fines privados.

Sobre este asunto, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, ha dicho que está en manos de los dos exmandatarios renunciar a su pensión si lo creen oportuno, mientras Soraya Sáenz de Santamaría, del PP, ha dicho que ambos son "una institución que merece prestigiarse".

En cuanto a la oferta de Bono, todos se han mostrado conformes con estudiar la revisión del régimen de diputados y senadores, si bien la respuesta de PSOE y PP ha sido más prudente que la de las minorías; todos disponen de quince días para dar una respuesta.

Sí han coincidido en que no debe hacerse un uso demagógico u oportunista de esta cuestión y, con Bono a la cabeza, han hecho piña a la hora de defender la honorabilidad de los parlamentarios y el buen hacer de los políticos.

Y si Llamazares ha negado en el debate de su propuesta que los políticos sean unos privilegiados, la idea ha sido repetida por los demás portavoces, que han advertido sobre el efecto que estas polémicas pueden tener para el prestigio de una clase política ya de por sí desacreditada en las encuestas.

Desde el Senado, cuyo presidente, Javier Rojo, también ha enviado cartas a los portavoces para recabar ideas, la socialista Carmela Silva, el portavoz de CiU, Jordi Vilajoana y el de la Entesa, Ramon Aleu, han negado que los parlamentarios españoles tengan privilegios, e incluso este último ha dicho que tienen las peores prestaciones sociales de toda Europa.