SEVILLA- Los tres encarcelados por el caso de los ERE fraudulentos –Antonio Fernández, Francisco Javier Guerrero y Juan Francisco Trujillo– aún no han podido hacer frente a sus fianzas, pero su entorno parece que sí tiene recursos. Al menos, en el caso del ex director general. La juez Mercedes Alaya ha ordenado deducir testimonio por un presunto delito de alzamiento de bienes contra la suegra de Francisco Javier Guerrero, por sacar de una de sus cuentas bancarias 60.000 euros tras descubrirse su condición de intrusa en un ERE y antes de que se procediera a embargar sus bienes.
En este sentido, fuentes del caso informaron ayer a Europa press de que la suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, habría retirado de una cuenta bancaria 15.000 euros y, a los pocos días, otros 45.000 euros, todo ello después de conocerse que había cobrado al menos dos pólizas financiadas por la Junta de Andalucía y, por tanto, antes de que la magistrada la imputara y le embargara sus bienes.
La magistrada considera que estos hechos podrían constituir un delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible, por lo que ha ordenado deducir testimonio contra la suegra de Guerrero, a quien la magistrada le impuso una fianza de responsabilidad civil de 258.539 euros.
La suegra del ex alto cargo está imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obtención indebida de ayudas de la Administración Pública, malversación y prevaricación. Habría cobrado una renta mensual de unos 2.000 euros hasta percibir 198.876,85 euros. Llegó a contar con dos pólizas financiadas por la Junta.