Las facturas del derroche

MADRID- Castilla-La Mancha es una de las comunidades con una de las situaciones económicas más graves, lo que ha obligado al nuevo Gobierno del PP a aplicar un plan draconiano de ajuste del gasto público. La nueva Administración tras las elecciones del 22-M se encontró, según el informe de la Sindicatura de Cuentas del 30 de junio, un desequilibrio presupuestario brutal: los derechos reconocidos apenas llegaban al 35 por ciento de lo presupuestado, mientras que las obligaciones y los gastos casi llegaban al 50 por ciento. Esto ha provocado unas tensiones de tesorería brutales por todos los gastos que se ejecutan y que no están amparados en ingresos. En esta mala situación económica ha influido la crisis, pero también la política manirrota del anterior Ejecutivo, que sistemáticamente fue haciendo ampliaciones de crédito sin fuente de financiación. De hecho, Castilla-La Mancha tiene un presupuesto de algo más de 8.000 millones y ha tenido que afrontar unos compromisos de pago a corto plazo de más de 2.800 millones de euros. En los cajones han aparecido facturas de todo tipo. Algunas muy simbólicas de lo que ha sido la política de gasto público que se ha practicado en algunas comunidades. Para muestra, dos botones:

En vísperas de las pasadas elecciones autonómicas, la Junta de Castilla-La Mancha asumía una factura de 3.000 euros por una invitación del entonces presidente, Barreda, por ser designado padrino de la promoción de Derecho. Un alto honor que recibió sin que por medio hubiera ningún tipo de votación dentro de una Universidad bajo rectorado socialista. El acto, lógicamente, acabó convertido en un evento del PSOE, y el convite posterior, que se celebró en el Restaurante Museo Gastronómico La Noria, originó el gasto de esos 3.000 euros que se cargaron a cuenta de las arcas públicas.

El segundo botón de muestra sale de uno de esos tantos actos de colocación de una primera piedra que se multiplican en las autonomías y que suelen estar cargados de propaganda política. En este caso, se celebró en enero de 2011 en el municipio de Las Pedroñeras, de Gobierno socialista hasta el pasado 22 de mayo. La colocación de la primera piedra de una piscina cubierta, que presidió Barreda, costó 12.000 euros, que se repartieron entre el sistema de sonido, el mobiliario, el equipo de iluminación, los técnicos y el desplazamiento.

Esos 12.000 euros y la inauguración de la piscina cubierta sirvieron de colchón para que la alcaldesa le agradeciera a Barreda que hablase «fuerte y claro», reivindicando las preocupaciones «de esta tierra». Y el consistorio pedroñero le entregó además el «Ajo de Plata», el distintivo más preciado de la localidad.

La pregunta ahora es si la Ley de Transparencia, anunciada a bombo y platillo por el Gobierno, servirá realmente para acabar con algunos de los síntomas más sonoros del excesivo gasto autonómico. Su letra promete sanciones para evitar que los gestores públicos gasten de más, falseen la contabilidad, guarden facturas en el cajón y acumulen deudas inabordables a futuro para la comunidad autónoma. Estos son sólo dos botones de muestra de algunos de los derroches. Así se explica, en buena parte, la deuda.

La prueba del despilfarro
La primera factura corresponde a la invitación llevada a cabo por Barreda al ser designado padrino de la promoción de Derecho en 2011. La segunda es la del Ayuntamiento (socialista hasta el pasado 22-M) de Las Pedroñeras, donde se gastaron 12.000 euros en la colocación de una primera piedra.