MADRID- La pirueta judicial ejecutada ayer por el pleno de la Audiencia Nacional, devolviendo la pelota al juez que instruyó el «caso Faisán», desató ayer sentimientos encontrados en la sede central socialista. Tranquilidad e inquietud circulaban por los pasillos de Ferraz mientras se analizaban los pros y los contras de una decisión que descolocó a demasiados, esperanzados en que el caso se marchara a Irún y dejara de perseguirles. Tranquilidad por la casi total certeza de que el juicio, en caso de haberlo y de que la cuestión no se archive, no comenzará hasta después del 20-N, es decir, hasta pasadas las elecciones generales. Un respiro para el candidato Rubalcaba, a quien la sombra del «Faisán» no parece que vaya a dejar de perseguirle en campaña pero, al menos, no le golpeará directamente en un juzgado. E inquietud por si el juez Ruz, celoso de su trabajo, decide llamar a declarar al ministro del Interior, Antonio Camacho, a la sazón pupilo y mano derecha del candidato.
Tranquilidad también porque, pese a que la Sala de lo Penal diera al traste con la maniobra desplegada por el Ejecutivo antes del verano para que la Audiencia Nacional remitiera el caso a Irún, el dilatamiento del proceso les da un cierto respiro que no hubieran tenido si el juez Bermúdez y sus compañeros de la Audiencia se quedaran con el caso.
E inquietud porque en las últimas horas, el «caso Faisán» se ha complicado y podría tomar derroteros parecidos del «caso Gal», por el que se sentaron en el banquillo al ministro del Interior y al secretario de Estado de Seguridad de la época, José Barrionuevo y Rafael Vera, respectivamente.
El juez deberá ahora volver a investigar los hechos. Por eso al Gobierno le inquieta que llame a declarar al secretario de Estado de Seguridad en 2006, fecha del «chivatazo», y actual ministro del Interior, Antonio Camacho. De ahí la lógica preocupación socialista ante el impacto de esta eventual cita judicial en la campaña electoral de su candidato a la Presidencia del Gobierno, titular del Interior en el momento que se produjeron los hechos que ahora volverá a investigar el juez.
En su día, el instructor de la causa exculpó al recién nombrado ministro del Interior y ex secretario de Estado de Seguridad, cargo que ocupó desde abril de 2004 hasta julio pasado. En febrero de este año, Ruz no llamó a Camacho a declarar por considerar su testimonio «irrelevante». Desde el teléfono del por entonces secretario de Estado de Seguridad se hicieron llamadas a Victor García Hidalgo, procesado por el «chivatazo», que en 2006 alertó a la banda terrorista de una operación contra su red de extorsión.
Además, al Gobierno también preocupa y ocupa que el juez pueda llamar a testificar de nuevo a los negociadores del proceso de paz. De momento, los negociadores del Gobierno durante la tregua de 2006 (el ex ministro Javier Moscoso, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez) han declarado en calidad de testigos ante Pablo Ruz.
Fuentes gubernamentales no ocultan su inquietud porque, al final, pase por el tamiz de la Justicia el proceso de paz, iniciado por la banda etarra con la declaración del alto el fuego permanente en 2006 y que dio por zanjado ese mismo año con el atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas. Cuando creía que había pasado página, el Gobierno ve ahora de nuevo con recelo como el «caso Faisán» se puede convertir en un juicio sumarísimo del proceso de paz, una de las mayores apuestas del jefe del Ejecutivo.
Por eso, según evolucione la causa, el caso podría salpicar, al menos políticamente, a un candidato socialista a la Presidencia del Ejecutivo que mira con recelo al juez Ruz.

Delito y disculpas
El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, recalcó ayer que el «caso Faisán» sigue abierto en la Audiencia Nacional y que ésta ratificó en pleno que existió el chivatazo a ETA y, por tanto, el delito. Trillo, además, aseguró que «han fracasado las maniobras políticas para dar carpetazo y desviar el caso al Juzgado de Irún». En el lado opuesto, el PSOE, la decisión judicial supone un fracaso del PP. Elena Valenciano, directora de campaña de Rubalcaba, exigió disculpas a los populares.