Esta medida contribuirá a que las solicitudes queden resueltas en un máximo de seis meses, de no ser así, la Generalitat pagará con efecto retroactivo.

Such aseguró que en la actualidad los expedientes se resuelven en una media de nueve meses. Insistió en que durante el último año el número de personas atendidas ha aumentado un 87 por ciento.

El Gobierno valenciano también aprobó ayer la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por el Real Decreto que modifica la regulación de la renta básica de emancipación, que exige la devolución de estas ayudas para el alquiler a los jóvenes que ingresaron más de 22.000 euros anuales. La consellera portavoz, Paula Sánchez de León, justificó que la Generalitat considera que el Gobierno está invadiendo sus competencias en vivienda. Defiende que aquellos que aumentaron sus beneficios debido a la realización de un trabajo extra no deberían devolver las ayudas. En total, hay alrededor de 1.600 jóvenes valencianos afectados y recordó que, según el Gobierno, deberán reintegrar 2.500 euros, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta las dificultades que tienen los jóvenes para acceder al mercado laboral, ya que «su tasa de paro se sitúa en el 40 por ciento».

El pleno del Consell también dio el visto bueno a la implantación del primer sistema de vigilancia epidemiológica laboral y pondrá en marcha un programa en treinta hospitales valencianos para ahorrar hasta diez millones de euros anuales en gasto energético.

Entre otros asuntos, se acordó conceder la Cruz de Honor de la Orden Jaume I el Conqueridor a Lorin Maazel.