Madrid- Hace un año, el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presentaba a bombo y platillo el proyecto de la nueva Audiencia Nacional, que implicaba reunir en dos sedes sus cinco edificios actuales. El plan, con un coste de doce millones de euros, contempla una ambiciosa reforma de la sede de la madrileña calle Génova que obligará a una masiva mudanza a la vuelta del verano y a un «exilio» forzoso durante cerca de dos años, el tiempo estimado de duración de las obras. El plan inicial incluía el traslado de los juzgados (mientras se desarrollasen los trabajos) al moderno edificio de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, pero el rechazo frontal de los seis jueces de instrucción obligó a desecharlo. Pero el remedo de esa iniciativa tampoco convence a los magistrados ni a los funcionarios.

Calabozos más amplios
La intención del Ministerio de Justicia es que durante las obras los juzgados de instrucción se trasladen temporalmente a la sede de la calle Prim (donde actualmente se encuentran los juzgados de lo Contencioso), salvo el de guardia (cada magistrado la asume una semana por riguroso turno), que se instalaría en San Fernando. Ése es, precisamente, el punto de la discordia.

Para Justicia es el lugar ideal por contar con amplios y modernos calabozos, necesarios para el trasiego de detenidos. Los jueces de instrucción, sin embargo, mantienen que trasladarse con un equipo de guardia a la sede de San Fernando de Henares repercutirá negativamente en el trabajo ordinario del juzgado (que no puede dejar de atenderse durante las guardias) al encontrarse los funcionarios en lugares de trabajo distantes con todo lo que eso conlleva para agilizar los trámites.

El pasado jueves, el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, y los responsables del proyecto se reunieron con el juez decano de la Audiencia, Santiago Pedraz, con las obras de la sede judicial encima de la mesa. Volverán a verse en junio y para entonces los jueces de instrucción confían en que se hayan escuchado sus demandas, que pasan por acometer las obras necesarias en la sede de la calle Prim (que garanticen unos calabozos en condiciones) para evitar el «éxodo» periódico a San Fernando. Y todo antes de septiembre, cuando está previsto que tengan que abandonar su actual sede.

Los secretarios judiciales de los seis juzgados de instrucción conocieron de primera mano el pasado día 10 los pormenores del proyecto por boca del secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional, Luis Martín Contreras. Su negativa a las condiciones del traslado se plasmaron en un documento de seis folios fechado cuatro días después (que ya han trasladado tanto al propio interlocutor como al juez decano) en el que se quejan con profusión de argumentos de las «graves disfunciones» que conllevaría la iniciativa que, además, les genera una «gran preocupación».

Consecuencias negativas
Para estos funcionarios la «segregación física» afectará «negativamente» al trabajo cotidiano al encontrarse el magistrado en una sede y el personal de la oficina judicial en otra «tan distante» durante la semana de guardia. La toma de declaraciones, aducen, podría dilatarse «a lo largo de todo el día» y el trabajo de los intérpretes, añaden, «resultará imposible» (dado su escaso número deberían multiplicarse). Además, recuerdan que los libros de registro del juzgado no se podrán trasladar a San Fernando, lo que acarreará demoras a la hora de «resolver de manera inmediata» la situación de los detenidos. También discuten la distribución de las dependencias en la sede de Prim, donde está previsto instalar en plantas distintas a jueces y funcionarios cuando, insisten, la proximidad física se hace «indispensable» para evitar un «tránsito constante de funcionarios por las plantas del edificio».

En consecuencia, solicitan que todas las actuaciones (de guardia u ordinarias) se desarrollen en «una única sede» y que las dependencias del juzgado no se dispersen en distintas plantas. De otro modo, avisan, no pueden garantizar «el regular funcionamiento» de los órganos judiciales, la labor efectiva del personal ni la «efectiva atención del servicio de guardia».