Román sitúa a Gil como urdidor de los convenios

El ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Pedro Román, afirmó ayer durante su declaración en el juicio por el «caso Malaya» que el que fuera regidor de la localidad costasoleña, Jesús Gil, «era quien negociaba personalmente los convenios» y apuntó que «no sé si en la oficina de Planeamientos 2000 –sede del área de Urbanismo– había algún otro funcionario o político».

Tras reconocer ante el tribunal que poseía el 62 por ciento de las acciones de la sociedad Yambali S. L., a través de la que se adquirió la parcela que dio origen al convenio llamado «Crucero Banús», que posibilitó una «pelotazo» urbanístico de 6,3 millones de euros del que se habría beneficiado en la parte correspondiente a sus acciones, admitió que el entonces gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, se hizo con un 15 por ciento de la citada sociedad. «Le pregunté al señor Roca si conocía a alguien que pudiera participar con ese porcentaje y
me dijo que tomaba nota del tema; en quince días supe que era él», relató.

El ex munícipe, que dimitió del cargo por motivos personales en 1998, tres años antes de la firma del convenio, aseguró haber hablado con Gil y Roca sobre el mismo cuando el abogado de origen alemán, también imputado en la causa judicial, Juan Germán Hoffman, le propuso la operación.

«Llamé al alcalde para ver si era verdad que se podían construir apartamentos porque era mucho dinero y había que comprobar todos los extremos; él me dijo que fuera a hablar con Roca», indicó.

El procesado, que se enfrenta a una petición fiscal de 21 años de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales y cinco delitos contra la Hacienda Pública, mantuvo que «el señor Roca me dijo que tenía que pagar 240 millones de las entonces pesetas en concepto de aprovechamientos. Si quería y, si no, ‘puerta'», cantidad que según sostuvo «era cuatro veces superior a la que se había exigido con anterioridad».

Igualmente, negó haber tenido participación en la negociación o redacción del convenio, del que dijo que «pensé que propiciaría un negocio inmobiliario como tantos otros, que además de crear riqueza iba a ser algo muy singular para Puerto Banús».

El citado convenio fue ratificado en 2002 por el Ayuntamiento marbellí, que recibió 240.000 euros de la sociedad en concepto de pago parcial por el aprovechamiento de este proyecto que, una vez en marcha, fue impugnado por la Junta y paralizado por orden judicial.

De Suiza a España

Román defendió que «cada peseta que ha venido de Suiza a España ha sido con todos los sacramentos legales» y añadió que «estamos hablando de traer dinero del extranjero a España, no de evadir dinero de España al extranjero», al tiempo que se desvinculó de alguna de las sociedades en las que Anticorrupción le atribuye algún tipo de participación. En este sentido, afirmó llevar padeciendo «una administración judicial, todo embargado y el bloqueo de las sociedades que no son mías, sino de mi familia».

Sobre la participación de su hija Pilar, igualmente imputada en la causa, afirmó que «ella realmente no tenía conocimiento de mis negocios».