Así lo han afirmado fuentes de la defensa del juez, que han señalado que los recusados en esta ocasión son el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés. Alegan que están "contaminados"porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.

El magistrado suspendido ya logró el pasado mes de junio que se apartara de la causa a los siete magistrados inicialmente designados para juzgarle por un supuesto delito de prevaricación que habría cometido al investigar sin competencia los crímenes y desapariciones del franquismo. En este caso, las recusaciones tardaron 6 meses en tramitarse.

Las recusaciones, que atendiendo a los antecedentes podrían retrasar el inicio del juicio incluso hasta el año próximo, invocan la doctrina tanto del Tribunal Europeo De Derechos Humanos (TEDH) como del propio Tribunal Supremo respecto de las aceptadas en la causa de la memoria histórica.

Se da la circunstancia de que el alto tribunal ya rechazó el pasado 29 de septiembre la abstención que Perfecto Andrés Ibáñez presentó para inhibirse de esta causa al considerar que su intervención en la Sala que admitió a trámite este procedimiento no suponía que hubiera incurrido en una situación de "imparcialidad objetiva".

Con respecto a Andrés Ibáñez la defensa de Garzón en este caso, que ejerce el magistrado Francisco Baena Bocanegra, aduce ahora "falta de imparcialidad objetiva"exteriorizada en un artículo publicado por este magistrado en la revista de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) bajo el título "No se debe opinar -y menos aún informar- con las tripas. Imprescindible ejercicio de contextualización".

El tema de este artículo es precisamente el procedimiento seguido contra Garzón por autorizar la intervención de las comunicaciones en el "caso G~rtel"y el papel seguido por el instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, de quien el recusado hace una "encendida defensa".

A juicio de la defensa de Garzón, Andrés Ibáñez hace en su artículo valoraciones de fondo sobre el asunto que está llamado a enjuiciar, considerando que los autos de Garzón relativos a la investigación de la trama corrupta no estaban suficientemente motivados.

Otra de las causas de recusación invocadas por el aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se basa en que los cinco magistrados recusados habrían mostrado su interés directo en juzgarle y que, para ello, "habrían evitado pronunciarse sobre las cuestiones que les eran sometidas en los diferentes recursos", sin dar respuesta a los requerimientos de la defensa, con la pretensión de evitar todo riesgo de "contaminación".

Por esta causa, la fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón, mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.

El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri en el caso 'Gürtel' y fue el autor de la querella inicial contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez. Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.

Si este incidente de recusación no logra evitarlo, el juicio por las escuchas de la trama G~rtel será anterior a los que están pendientes de celebrararse también contra Garzón por investigar presuntamente sin competencia los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y por los cobros que supuestamente percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.