SEVILLA- Con este auto, el «caso de los ERE» cobra una nueva dimensión al marcar a un cargo de confianza de Manuel Recio, actual titular de Empleo del equipo del presidente José Antonio Griñán. De hecho, Guerrero fue cesado el 29 de abril de 2008 y sustituido por Márquez, quien fue nombrado en el BOJA ese mismo día. Se mantuvo en el puesto hasta abril de 2010 para ser relevado, a su vez, por Rivera.

Alaya imputa ahora a Daniel Rivera por ordenar en septiembre de 2010 pagos relativos a una póliza de 175.998 euros para 26 trabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor. La jueza asevera que él, y con anterioridad Márquez «expresan en sus respectivas resoluciones, que obra en la Dirección General –de Empleo– "el expediente completo de tramitación"» del dinero que conceden. Y añade que, de ese expediente ha de «deducirse inexorablemente» que «los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente –ambos, Rivera y Márquez– que los otros dos no debían de pertenecer a Surcolor». De las palabras de la magistrada se deduce que los directores generales tendrían que haberse percatado de la presencia de dos «intrusos» –persona ajena a la empresa que recibe las ayudas– en el expediente. Mantiene Alaya que, como en la etapa de Guerrero, se han librado fondos «con total ausencia de procedimiento». Sólo existe, según el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la petición de los mencionados 175.998 euros para el abono de la prima que correspondía a la empresa, que resolvió Rivera. Resolución en la que, «curiosamente», alega como normativa aplicar la Ley de Subvenciones, «cuando, en virtud de la misma, él no sería competente, por razón de su cargo», según la instructora. En relación a este punto, la jueza hace constar, asimismo, que la Dirección General de Seguros le ha informado de que el montante de las indemnizaciones por despido ascendía a 1.537.162 euros, mientras que la prima de la póliza se elevó a 2.674.175. Y extrae la siguiente conclusión: la Junta de Andalucía habría «incurrido intencionadamente» en un «dispendio», a través de «sus altos cargos». Avanzando en el bloque de apartados que dedica en el documento judicial a Surcolor, advierte de que los fondos otorgados a ese laboratorio «podrían considerarse como ayuda directa a empresa» pues, «sin buscar otras vías de financiación, se la exime a la empresa en situación de crisis del pago de las indemnizaciones por despido». Punto éste que, se plantea, podría contravenir la normativa de la Unión Europea.

En su último auto, de 42 páginas, la magistrada sevillana incluye entre la veintena de imputados, asimismo, a Márquez por autorizar la inclusión de un «intruso» en un ERE. Y no es cualquiera. Se trata de otro conocido de la Junta: el ex delegado de Trabajo y Seguridad Social en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, quien se fue prejubilado de Calderinox, pese a que nunca trabajó en dicha empresa, y también está imputado.
En el proceso de esta ingente investigación se ha imputado ya a tres ex directores generales, Guerrero, Márquez y Rivera; al ex consejero de la cartera de Empleo, Antonio Fernández y al antiguo delegado de dicha Consejería en Sevilla, Antonio Rivas.

Comisiones irregulares
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha abordado otro frente: las consultoras que tramitaban los ERE y que recibían comisiones fuera de mercado por su trabajo. De hecho, imputa a Antonio Albarracín, ex director comercial de Vitalia –que se ocupó de 60 de los 72 intrusos detectados por la Junta– y al que fuera consultor, Jesús Bordallo. A ellos se suma Uniter, la otra intermediaria con la que ha trabajado de forma habitual el Gobierno andaluz.

En ese sentido, la jueza llega a afirmar, en referencia a Vitalia y al tema del ERE de Río Grande: «Resulta inaudito, como sucede en el resto de los expedientes, que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, admitiera estos sobrecostes». Sobre todo, operando con entidades que «no tenían autorización administrativa» para hacerlo. Se refiere, entre otras, a Personal Life, que carecía de permiso para trabajar fuera de Cataluña, según el auto.

Otra línea abierta por Alaya afecta a los despachos de abogados que intervinieron en la tramitación de los ERE. Imputa así a dos abogados del bufete Garrigues y a otros dos del bufete Villasís. En la lista hay también dos dirigentes de CC OO, Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca; y los responsables de las empresas Calderinox, Acyco, Aglomerados Morell, Surcolor y Río Grande.

El Gobierno regional tildó de «poco sostenible y escasamente fundada» la imputación del actual director de Trabajo quien firmó los pagos cuando «no había ningún indicio de irregularidad».

 Lo cierto es que Guerrero, que declarará el 23 de febrero por primera vez en sede judicial, cada día está menos solo.

El hombre de confianza del consejero
Daniel Alberto Rivera Gómez ha ocupado diversos puestos en la Administración andaluza. Entre ellos, el de responsable del área jurídica y de relaciones laborales de la Empresa Pública Hospital del Poniente, en El Ejido (Almería). Por allí pasó también el actual consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, de cuya mano accedió a la Dirección General que ostenta en el organigrama de la Administración autonómica. Es licenciado en Derecho y fue letrado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Málaga.