La Junta exige «cláusulas de protección» para que la Justicia no cree déficit

Burgos- El Gobierno autonómico de Castilla y León exige al Ministerio de Justicia «cláusulas de protección» para asumir las competencias en esa materia, tal y como ocurrió cuando se traspasó a la Generalitat de Cataluña este área de la administración.
Así lo anunció el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien se reunió ayer con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción.

De Santiago-Juárez explicó, en una reunión en la que también estuvo presente la viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, María José Salgueiro, y el delegado de la Junta en Burgos, Jaime Mateu, que son varios los objetivos que se persiguen con esas claúsulas. Así, citó garantizar la creación de nuevos órganos judiciales, el coste dedicado a las oficinas judiciales, en la financiación de los acuerdos suscritos entre el Ministerio y los trabajadores, así como en la financiación de los proyectos en marcha en el momento de la transferencia.

Escaso presupuesto
Por otra parte, De Santiago-Juárez consideró «inadecuados» los 132 millones de euros ofrecidos por el Gobierno central en junio de 2010 para que la Junta asumiera esta competencia y pidió documentación para poder valorar su coste real. «Exigimos una financiación adecuada para hacer frente a las competencias», afirmó, a la vez que agregó: «no queremos que se nos trasfiera más déficit».

En este sentido, recordó que el pasado 27 de julio remitió una carta al ministro Francisco Caamaño pidiéndole información sobre el coste efectivo, sin haber tenido hasta la fecha respuesta.

Desde la Consejería de Presidencia se ha realizado una media del gasto en algunas unidades judiciales en comunidades donde ya se ha transferido la Justicia. Por ejemplo, apuntó que el Ministerio ofrece a la Comunidad 1,5 millones de euros para cubrir los gastos que supondría la modernización de los 2.209 juzgados de paz de la Comunidad, mientras que la Junta calculó que la cantidad a percibir sería de 4,5 millones de euros. En este contexto, recordó que a partir del cálculo del Ministerio de Justicia, que ofrece a Castilla y León 1,5 millones de euros, la Comunidad recibiría 695 por cada juzgado de paz, frente al País Vasco, a donde se dirigen 2.800, 2.087 a Cataluña, o 1.780 a Galicia.

«Hemos buscado la media y nos sale que la cantidad a percibir supondría en torno a 2.022 euros al año», explicó. Lo mismo ocurre, dijo, con el turno de oficio donde el Ministerio ofrece 7,8 millones de euros y la media realizada por el Gobierno autonómico es de 18,4 millones, informa Ical.

300 distritos de interés territorial
La Junta apuesta por construir el nuevo mapa de ordenación del territorio castellano y leonés a partir del modelo de las áreas básicas de salud. Fue uno de los asuntos abordados por el consejero De Santiago-Juárez con el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico. De modo que el mapa quedaría constituido por 250 ó 300 distritos de interés comunitario. Se trata de nuevas unidades básicas que podrán surgir de la asociación voluntaria de municipios. Así lo expuso en la última reunión de las mantenidas con los presidentes de Diputación, de cara a la próxima convocatoria de la Mesa de negociación en la que participarán todos los agentes sociales, grupos políticos y la FRMP.