Mineros alertaron en 2003 y 2004 de irregularidades en prejubilaciones

Un claro ejemplo es el del anillo minero de la faja pirítica de Huelva, uno de los principales focos de ilegalidad de una trama de la que hasta ahora han trascendido, en total, 72 intrusos y otras 111 irregularidades administrativas. Trabajadores de la mina de Tharsis que se quedaron fuera de las prejubilaciones financiadas por la Junta ya alertaron a través de distintos escritos remitidos al Defensor del Pueblo Andaluz entre 2003 y 2004 de la existencia de beneficiarios de pólizas que ni siquiera habían trabajado en las minas o de la inexacta aplicación de los coeficientes laborales.

Uno de los escritos con fecha de entrada de 31 de marzo de 2004 en el Defensor del Pueblo y al que ha accedido LA RAZÓN es muy claro en este sentido. Advierte (tal y como puede leerse en su totalidad en el documento reproducido sobre estas líneas) de todo un rosario de irregularidades: «prejubilados sin ser mineros», «empresarios prejubilados» o trabajadores de Insersa que se acogieron a las ayudas con «cuarenta y dos años». «Seguiría y seguiría poniendo más» ejemplos, continúa la información. Lo cierto es que este escrito remitido al Defensor recoge un cúmulo de presuntas ilegalidades en una lista de empresas de la faja pirítica de Huelva que coincide casi exactamente con la que tiene actualmente encima de la mesa Mercedes Alaya: la Bolsa de Tharsis, Insersa, Navan Resources o Almagrera. La completarían los ERE de Minas de Río Tinto y Filón Sur sobre los que también ha pedido información Alaya y está investigando.

Otra de las quejas remitidas al Defensor del Pueblo Andaluz en diciembre de 2003, escrita a mano, abunda en las mismas críticas. Señala que entre los prejubilados se encuentran personas «que no han sido ni mineros» y alude directamente «a un compañero del surtidor de Alosno (Huelva)». «Aquí hay más delito porque no han visto la mina ni por dentro ni por fuera». «Y que conste que con esto no queremos dañar a nadie. Sólo queremos nuestros derechos igual que los demás». Las señales de alerta no llegaron solamente al Defensor del Pueblo Andaluz. «La Junta de Andalucía sabe por mi puño y letra que se ha producido un atropello contra un grupo de mineros. Lo sabe el Parlamento andaluz, José Antonio Viera (entonces consejero de Trabajo), Javier Barrero (ex secretario general del PSOE onubense), el Ministerio del Interior, Derechos Humanos, Manuel Pastrana (secretario general de CC OO-A), Carmelo Sanmartín (entonces subdelegado del Gobierno) y Anastasia Izquierdo (inspectora jefe de Inspección).

Añade asimismo la misiva al Defensor que el colectivo de antiguos trabajadores de Tharsis mantuvieron una reunión con el delegado provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva (el socialista Manuel Alfonso Jiménez), «al que dijimos nuestras inquietudes. Le dijimos claramente que había compañeros en las mismas condiciones que nosotros». «Manuel Alfonso Jiménez quería que nosotros diéramos nombre y apellidos de los compañeros que se habían colado tanto en las prejubilaciones como en la bolsa de trabajo para quitarlos. Le dijimos: nosotros estamos aquí reclamando unos derechos, no a quitarles el cacho de pan a ningún compañero», continúa uno de los escritos remitido al Defensor del Pueblo, que entonces era el mismo que hoy, José Chamizo.

Un fondo de reptiles «electoralista»
Junto a las recientes denuncias de préstamos condonados y financiación de campañas de publicidad, con dinero procedente del «fondo de reptiles», el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, sumó ayer un nuevo destino de la polémica partida: resolver conflictos laborales en época electoral. Según Sanz, el Gobierno andaluz echó mano de esos fondos para «parar huelgas y pagar salarios atrasados, coincidiendo con la campaña electoral». De esta manera, la Junta pretendía «callar bocas» y «buscar votos». Durante el próximo Pleno del Parlamento andaluz el PP preguntará al consejero de Empleo sobre este asunto.