Garzón se escuda en que investigaba crímenes como los del nazismo

MADRID- Consciente de la repercusión internacional del juicio, el juez Baltasar Garzón no dudó ayer en buscar referentes universales en su descargo. Para empezar, comparó los crímenes y desapariciones del franquismo con los planes de exterminio nazi para, a continuación, deslizar que se determinó a investigarlos al igual que hizo en su día con el «caso Pinochet» o con los «vuelos de la muerte» de la dictadura militar argentina, las dos causas que, sin duda alguna, más prestigio le han reportado fuera de nuestras fronteras.

El magistrado hizo hincapié en que ni maniobró para hacerse con la investigación de las desapariciones del franquismo ni se empecinó en seguir adelante con la causa pase a saber que no era competente. De hecho, explicó a los siete magistrados del Tribunal Supremo (TS) que le juzgan por prevaricación que hizo «lo que tenía que hacer» ante las denuncias presentadas por las asociaciones de víctimas: investigar los hechos.
La Ley de Amnistía, al margen

Se trataba, recalcó, de desapariciones forzosas de personas en un contexto de crímenes contra la humanidad, delitos imprescriptibles que no se veían «en ningún caso» afectados por la Ley de Amnistía, al no tratarse de delitos políticos. Sus posibles responsables habrían incurrido en un delito contra altos organismos de la nación (la insurrección de 1936), que justificaba la competencia de la Audiencia.
Los hechos, vino a decir el magistrado, eran equiparables a los que tenían lugar en otros regímenes totalitarios de Europa entre 1933 y 1945. Garzón creía tener entre manos, ni más ni menos, que los prolegómenos del Juicio de Nüremberg al franquismo.

El propio acusado sacó a colación la investigación abierta por otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, contra ex altos cargos de la SS que trabajaron en distintos campos de concentración. «Los hechos son de un contenido prácticamente idéntico», afirmó. La única diferencia, a su juicio, es que la Fiscalía sí ha respaldado la investigación en este último caso, un apoyo que le negó en la controvertida causa que le ha sentado en el banquillo.

Garzón llegó al Supremo con la esperanza de que el tribunal atendiese sus peticiones y ni siquiera tuviese que declarar. Pero la Sala, presidida por el magistrado Carlos Granados, no estaba por la labor de anular la vista. Por un lado, por la insuficiente entidad de los «excesos» cometidos por Luciano Varela durante la instrucción y, por otro, rechazando que Manos Limpias y Libertad e Identidad no puedan sostener en solitario la acusación (la Fiscalía no acusa a Garzón), trayendo de nuevo a colación la «doctrina Atucha».

El acusado desmenuzó –sólo a preguntas de su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, pues se negó a contestar a la acusación popular– las razones que le llevaron a adoptar las decisiones más controvertidas en esta causa. Quiso dejar claro que, «más allá de la gracia y la chanza que pueda provocar», pidió el acta de fallecimiento de Franco y de otros 34 jerarcas del régimen porque es «la única posibilidad para que se produzca la extinción de responsabilidad». Constatado documentalmente que los posibles responsables penales habían fallecido, insistió, se inhibió del asunto sin haber autorizado «absolutamente ninguna» exhumación.

Su intención, añadió, no fue ningunear la Ley de Memoria Histórica –compatible, dijo, con el ejercicio de acciones penales–, sino intentar dar satisfacción al derecho de las víctimas a «la reparación, a la acción de la Justicia y la búsqueda de la verdad».