De El Ejido al campus de Palmas Altas

El levantamiento de gran parte del secreto del sumario de la denominada «Operación Poniente», ordenado por la juez Montserrat Peña, ha supuesto la confirmación de la mayoría de informaciones publicadas por diversos medios de comunicación en los últimos años sobre la empresa semi pública de servicios municipales de El Ejido Elsur. Todo ello basado en denuncias de trabajadores, sindicatos y algunos políticos.

De lo instruido, además, se deducen graves responsabilidades éticas, estéticas y quizás penales de altos ejecutivos del Grupo Abengoa, colaboradores necesarios de una trama donde se mezclan familiares, empresarios amigos, testaferros, delincuentes y la política almeriense de la mano del Partido de Almería (PAL). Un partido unipersonal, creado y presidido por Juan Enciso tras marcharse del PP en 2005, que ha sobrevivido gracias a un extraño maridaje con el PSOE a nivel provincial y regional durante casi un lustro, con Manuel Chaves y Luis Pizarro como valedores del pacto desde Sevilla. Todo ello para debilitar a una derecha que, según algunos sondeos, puede arrasar en Almería en mayo. A falta de conocer las piezas separadas que hayan emanado de la investigación, aparecen un total de 64 personas imputadas en el sumario que supera los 60.000 folios.

Elsur está participada por el Ayuntamiento con un 30% y el resto es propiedad de Agua y Gestión del Grupo Abengoa, con Cajasol y la BBK (ex Cajasur) como socios financieros y sufridos pagadores. Un alto ejecutivo de Cajasol, Miguel Ángel Abad, aparece como uno de los 64 imputados, en tanto que representante durante años de «las participadas» en el Consejo de Elsur. Por Abad llegó a interceder ante el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, para su mantenimiento como consejero el exinterventor municipal Pepe Alemán, a través del exconsejero de la Junta Martín Soler.

El sumario, sus informes periciales más elaborados, ha colocado el escándalo de El Ejido en Sevilla, en la ultramoderna sede del Grupo Abengoa, en el Campus de Palmas Altas.

En un informe demoledor, elaborado por inspectores del Ministerio de Hacienda, entregado a la juez en enero de 2009, se realiza una detallada radiografía de la empresa Elsur que explica en parte cómo ha sido utilizada como caja de aprovisionamiento por parte de los miembros de esta extensa trama de corrupción, saqueando de forma continuada las arcas del Ayuntamiento. Una situación que lleva a los inspectores de Hacienda a sostener que no entienden «cómo la soporta Abengoa», algo que consideran «impensable en un grupo empresarial de su nivel».

Tras dejar constancia de que el canon municipal a Elsur ha estado inflado en unos diez millones de euros anuales, asegura el informe pericial que el Grupo Abengoa «ha renunciado a una gestión empresarial solvente de Elsur y accedido a soportar las consecuencias a cambio de lograr dos líneas de negocio, una como subcontratista de su propio grupo y otra aparentemente gratuita, ya que cobra por una gestión cuyas decisiones toman otros».

Para los inspectores, la gestión de Elsur ha tenido también efectos negativos en los intereses generales de los ciudadanos y contribuyentes. Y constatan literalmente varios puntos. El primero, que «el Ayuntamiento ha estado pagando a Elsur en el periodo analizado un canon general sumamente excesivo por los servicios encomendados». El segundo, que «como propietario del 30% de Elsur, (el Consistorio) soporta parte de los malos resultados económicos de la gestión». Y, tercero, que «ha ocultado la situación real de endeudamiento a los efectos del cumplimiento de las normas que rigen las haciendas locales y, en especial, las presupuestarias».

La lectura del contenido de los primeros cuatro tomos liberados confirma la «complejidad» de la investigación de la que habló por primera vez Conde Pumpido en Almería, un mes antes de que comenzasen los pinchazos telefónicos vía SITEL. Queda constatado fehacientemente en qué medida la falta de medios de la juez está influyendo en la desesperante lentitud de esta enrevesada instrucción. Especialmente llamativa es la providencia firmada el uno de julio de 2010, tras serle retirado el juez de apoyo y que obligó a la magistrada Peña Martínez a suspender una ristra de declaraciones de imputados gaditanos y jerezanos, vinculados todos ellos a una red de facturas millonarias falsas usada por la trama. La juez recuerda en su escrito que suspende las comparecencias porque deberá atender «la totalidad de los asuntos del juzgado, del servicio de guardia, los señalamientos de juicios de faltas, las declaraciones de imputados, y la instrucción del resto de causas con preso del juzgado».

Entre los testimonios manifestados ante la juez, destacan los de operarios de Elsur, que confiesan haber realizado obras en las sedes ejidenses del PSOE, del PAL y del PP sin que conste oficialmente el abono de esos trabajos. También, afirman, en casas particulares de concejales, incluso en la del diputado socialista y miembro de la dirección regional del PSOE Manuel García Quero, quien desmintió que sea cierto que le arreglasen los cuartos de baño de su casa y anuncia acciones judiciales para defender su honor. Y también, por vez primera, aparece el nombre de Pepe Añez, al que supuestamente le habrían hecho trabajos en la farmacia de su esposa. Desde IU, Rosalia Martín, se apresuró a decir: «Está claro que ya no está inmaculado Pepe Añez en el caso».

En los primeros tomos liberados quedan reflejadas las dos declaraciones que la juez tomó al alcalde Enciso recién detenido y en prisión. La primera, el 23 de octubre de 2009. Y la segunda, a petición del interesado, el 30 de diciembre de 2009. En la primera confesó tener un sueldo como alcalde de 3.500 euros, que el cargo de presidente de Elsur era honorífico y que sus funciones no eran ni ejecutivas ni retribuidas. Sin embargo, no pudo explicar la coincidencia de fechas en la venta de una finca urbana de Plaza Mayor 2, en pleno centro de El Ejido, finca que había sido de su empresa Enciso y Aguilera y que fue vendida a la municipal Desarrollo Urbanístico de El Ejido, a través de una nueva sociedad con distinto propietario pero socio del alcalde.