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Bruselas

Lo que queda por privatizar

Las necesidades definanciación podrían forzar al Ejecutivo a dar un impulso a esta nueva ola de privatizaciones.

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MADRID- Veinticinco años después de que el por entonces presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Luis Carlos Croissier, sorprendiese al Congreso de los Diputados durante una de sus primeras intervenciones al frente del cargo, al anunciar la posibilidad de sacar a bolsa –privatizar– empresas estatales, poco queda ya en España que privatizar.

Un par de años antes, en 1983, el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, había atacado con extrema dureza a la mayor parte de las empresas del INI –exceptuando a CASA– por su mala situación económica, lo que dio comienzo a una ola de privatizaciones en nuestro país que vivió su auge en la década de los noventa. Desde entonces, y siguiendo la tendencia internacional de venta de empresas públicas y desinversiones, se han privatizado en España cerca de 120 compañías, que hasta la fecha han proporcionado al Estado unos ingresos estimados de 45.000 millones de euros. Estas operaciones han propiciado la salida al mercado bursátil de gigantes empresariales de nuestro país como Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera o Iberia, en la que el Gobierno aún mantiene una participación del 5,39%. Ahora las privatizaciones han regresado con fuerza al panorama político y económico español y parece que podrían tener continuación en el próximo año. El anuncio del presidente Zapatero de privatizar el 49% del gestor aeroportuario AENA, así como el 30% del negocio de Loterías y Apuestas del Estado, ha hecho resurgir estas operaciones.

La difícil situación económica que atraviesa España obligó al Ejecutivo a lanzar un nuevo paquete de medidas destinadas a calmar a los mercados y tranquilizar a Bruselas, dentro del cual se incluyen estas privatizaciones parciales, con las que el Estado prevé obtener unos ingresos de hasta 14.000 millones de euros que alivien la presión sobre las maltrechas arcas públicas.

Mucho ha cambiado España desde aquellas primeras privatizaciones –la mayoría pequeñas y medianas empresas que no contaban con una dimensión suficiente para competir en el mercado–, cuando Textil Tarazona se convirtió en la primera empresa privatizada por el INI en 1985. Tras haber exprimido casi al máximo el jugo de las empresas con participación estatal, la última década tan sólo había dejado una gran privatización, la de Iberia en el año 2001.


Balas en la recámara
A pesar de ello, el Estado aún conserva algunas bazas para combatir la deuda y el déficit que estrangula la economía, y parece que ha decidido empezar a jugarlas. Buena parte de ellas se concentran en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que guarda entre sus tesoros el 5,39% de Iberia, el 20% de Red Eléctrica o el 8,45% de Ebro Foods, las tres compañías que cuentan con más posibilidades de ser las siguientes en el camino de las privatizaciones en España. Lo único que hace falta, según la SEPI, es que las condiciones ofrecidas por los mercados sean favorables para proceder a su venta y sacar así tajada de tres empresas que podrían engordar las arcas del Estado en unos 870 millones de euros el próximo año. Además de éstas, la sociedad cuenta con participaciones en otras compañías como Enagas, EADS, Hispasat, o Navantia, si bien todas ellas no forman parte por el momento del grupo que podría ser privado en 2011, en algunos casos por ser parte de sectores considerados estratégicos para el país, y en otros por no haberse estudiado esa posibilidad todavía.

En el caso de Iberia, se trata de una participación estrictamente financiera, sin derecho alguno en el consejo de administración de la aerolínea, y que podría ser la primera en dejar de pertenecer al Estado, a la espera de la decisión final de Economía que dé «luz verde a la operación. En Red Eléctrica, a pesar de contar con el 20%, la ley obliga al Estado a mantener el 10% como mínimo, al tratarse de un sector crucial como es el de la energía. Por último, si SEPI optase por vender el 8,4% que posee de Ebro, el negocio sería ruinoso, pues obtendría unos ingresos estimados de 212 millones de euros, 44 millones menos del precio que tuvo que pagar en su momento para hacerse con dicha participación.