El Gobierno saliente comenzó reconociendo una deuda de 416 millones de euros. De ahí, pasaron a los 700 millones de euros; y luego, cuando el PP denunció que alcanzaba, cuanto menos, los 1.742 millones de euros, el ex presidente Barreda justificó que podría aproximarse a esa cantidad por las tensiones «políticas y económicas». En el último informe elaborado por la Consejería de Economía del Gobierno de María Dolores de Cospedal se elevaba hasta los 2.600 millones de euros, 200 menos que la que señala el órgano fiscalizador regional.

Dentro del retrato del sector público destacan las pérdidas significativas de la empresa Don Quijote, con unos gastos de 3.135.000 euros y unos ingresos de 959.000 euros. Así como las de la Fundación General de Medio Ambiente, con unos gastos de 2.770.000 euros y unos ingresos de 103.000 euros; o la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, con gastos de 5.848.000 euros y unos ingresos de 804.000 euros. La televisión regional tiene equilibradas las dos partidas.

Pero es que además, en este balance oficial de las cuentas que dejó el Gobierno socialista aparecen hasta 381 millones de euros en subvenciones sin dotación presupuestaria y sin reserva de crédito. Según precisa la Sindicatura de Cuentas, «en la tramitación de subvenciones en determinadas áreas (vivienda, promoción empresarial, empleo, agricultura...) se ha observado que se convocan, se conceden y se propone el pago de las subvenciones a los beneficiarios sin la correspondiente reserva de crédito». El balance consignado por el Síndico incluye 167.727 facturas sin pagar, de las cuales 86.600 –por un valor de 260,9 millones de euros– corresponden al ejercicio de 2010.

En las distintas alegaciones con las que Barreda ha ido replicando a las denuncias realizadas desde el PP, en un momento dado explicó que el déficit se había disparado porque entre el 22 de mayo y el 27 de junio, es decir, en el tiempo de traspaso de poderes, habían aflorado facturas «por nervios y temores con el cambio de Gobierno». El informe del organismo fiscalizador contradice esa posibilidad al especificar que el periodo que va desde la celebración de las elecciones autonómicas hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno paralizó los procedimientos de tramitación e imputación contable de los gastos devengados. Por tanto, en ese periodo no se contabilizó ninguna factura. A esto se añade la denuncia de la Sindicatura de Cuentas de que durante la segunda mitad del ejercicio 2010 se produjo un bloqueo selectivo del sistema económico-financiero Tarea (Programa de gestión y contabilidad de la administración regional), que hizo que numerosos soportes de gasto devengado no pudieran ser contabilizados. Es decir, que impidió que se contabilizaran gastos que se realizaban sin acomodo presupuestario.

La versión «light» del PSOE
Ni una palabra sobre la deuda que ha dejado el Ejecutivo socialista de José María Barreda ni para entonar el mea culpa. Eso sí, el portavoz de los parlamentarios socialistas en la comunidad, José Luis Martínez Guijarro, salió ayer a la palestra para advertir que el informe «rectifica» los datos que ofreció la presidente regional, María Dolores de Cospedal, con respecto a la situación financiera de la región. Guijarro asegura que los datos de la Sindicatura de Cuentas, junto con los datos del Ministerio de Economía de la semana pasada, ponen en evidencia que Cospedal «ha estado engordando las cifras de déficit para justificar su tremendo Plan de Recortes».