Imputados por los ERE piden que se aclare la trama «en todos los niveles»

Al menos, sin que la juez instructora pueda tener acceso a toda la documentación e información que considere necesaria para dictaminar hasta dónde alcanzan las responsabilidades. Junto al ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, son los tres altos cargos del Gobierno andaluz imputados en la trama.

Las defensas de ambos han presentado sendos escritos ante el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en los que apoyan que la juez revise todas las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 y rebaten los argumentos tanto del Ejecutivo andaluz como de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha alineado con la Junta y rechaza las tesis de la instructora. Jon Ander Sánchez, abogado de Antonio Rivas, explicó en declaraciones a Ep que la causa «requiere una instrucción completa sin partes vedadas al conocimiento de la juez».

El letrado de Rivas apunta en su escrito que «es necesario que se aclare el conocimiento y alcance de los hechos en todos los niveles de la Junta de Andalucía» y que partiendo de la base de que su cliente es «inocente, no hay nada que ocultar». Horas más tarde, el propio Rivas se desmarcó de «la filosofía de este escrito», apuntó que las «actas son secretas» y que debe ser un órgano superior «y no él» el que determine el carácter reservado o no de estas actas.

Tras este desmentido, no hay un cambio de estrategia jurídica, según confirmó el propio Jon Ander Sánchez a LA RAZÓN. «Yo soy el abogado y marco la estrategia procesal y Antonio Rivas establece las opiniones políticas que cree convenientes». Su cliente tampoco le ha solicitado que retire su petición. Por su parte, la abogada de Guerrero, Rosa Parra, también solicita que Mercedes Alaya tenga acceso «libre» a las actas y que incorpore a su investigación las que considere relevantes. Critica la actitud del Ejecutivo de Griñán «que presume de colaborar» y ahora «ponga trabas» a la labor de la juez.

Las actas de los Consejos de Gobierno se encuentran en los juzgados de Sevilla custodiadas por la Guardia Civil en un armario acorazado a la espera de que la sala de conflictos de jurisdicción del Tribunal Supremo decida si da la razón a la Junta o la juez.

Bronca en el Senado mientras Chaves hablaba del fraude
Espectáculo en el Senado cuando el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, hablaba sobre los ERE. La bronca obligó a intervenir al presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo: «Cuando lo veamos en las cámaras de televisión nos avergonzaremos de lo que estamos haciendo», dijo. «Dice muy poco de la institución y muy poco de nosotros», fue otra de sus frases. La polémica surgió cuando rechazó que el PP pueda dar «lecciones de dignidad» y pidió explicaciones a los populares por la ex miembro de la candidatura popular a la Alcaldía de Córdoba Cristina Ruiz, la número 22, que tramitó un ERE con ocho prejubilados falsos y nueve irregularidades cuando era gerente de la Fundación para la Promoción del Minusválido (Promi) de la ciudad. El senador Sebastián Pérez y su compañero de bancada Rafael Salas le cuestionaron al vicepresidente tercero sobre su supuesta implicación en el caso de los ERE o los negocios de su hijo Iván. «No sea un problemón para el Gobierno y no se presente como víctima de nada», le dijeron los populares entre los pitos de los senadores.