El gerente de Urbanismo otro alto cargo imputado por el «caso Mercasevilla»

SEVILLA- En cinco días, el gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, ha recibido dos pésimas noticias. La primera, su definitiva exclusión de la candidatura socialista liderada por Juan Espadas para las elecciones municipales, como ha ocurrido con casi todos los nombres propuestos por la Agrupación Nervión-San Pablo. La segunda, su imputación en la causa judicial abierta por la venta presuntamente irregular de los terrenos de Mercasevilla.
En un auto emitido el pasado 16 de febrero, al que ha tenido acceso LA RAZÓN de Sevilla, la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, imputa igualmente al aparejador adjunto al servicio de Licencias de Primera Ocupación José Manuel Ferrera. Ambos declararán el próximo 2 de marzo.
Millán comparecerá en calidad de encausado por rubricar la concesión a Sanma, filial de Sando, de la licencia de primera ocupación de los terrenos sobre los que la constructora ostentaba unos derechos de superficie adquiridos en su día a Larena 98. Después, los suelos fueron adjudicados a la firma malagueña, según sospecha la magistrada, mediante un concurso público diseñado al efecto en Urbanismo y Mercasevilla.
La instructora señala a Millán tras analizar «los expedientes de las licencias de edificación y primera ocupación, la documental remitida por Sevillana-Endesa» y las declaraciones del director del servicio de Obras e Infraestructuras de Urbanismo, Luis Gómez, y la subjefa de Licencias, Emilia Barrial, también imputada.

Declaraciones
Gómez testificó que las autorizaciones otorgadas a Sanma contienen «errores» similares a los esgrimidos antes por la Gerencia para denegar los permisos a Larena 98. Barrial explicó que elaboró un informe sobre esas «deficiencias» que no remitió a esta última empresa para que los solventara, y admitió que las tramitaciones urbanísticas de ambas promotoras coincidieron en el tiempo.
Como indica la juez Alaya en otro auto, del 15 de febrero, al rechazar las pruebas propuestas por la defensa de Barrial, el problema radica en que la primera ocupación fue aprobada sin que previamente se hubieran realizado en los terrenos afectados «las obras e instalaciones necesarias para garantizar el suministro eléctrico», contraviniendo «la Ley de Ordenanza Municipal de Licencias».
El gerente de Urbanismo, antaño coordinador del PSOE municipal y secretario de Organización de su agrupación, se convierte en el imputado número quince en esta investigación por malversación, prevaricación y maquinación para alterar el precio, entre otros. También aumenta la nómina de altos cargos implicados, junto al gerente de Emasesa y consejero delegado de la Agrupación de Interés Económico, Manuel Marchena, o el expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.
Millán se puso ayer «a disposición de la Justicia», reconociendo que ratificó la licencia de ocupación, pero por imperativo legal, con informes previos y «como final reglado de un procedimiento administrativo que no es más que la constatación de que los servicios técnicos habían comprobado que las edificaciones habían sido ejecutadas». En el mismo auto, la juez rechaza la personación de la Junta de Andalucía –solicitada por escrito y con prisas a través del consejero de Empleo, Manuel Recio, el 9 y 11 de febrero–, derivándola a otras causas sobre Mercasevilla.