A la Audiencia en moto coche particular y tren ligero

MADRID- Ayer prestaron su último servicio. Los escoltas asignados a jueces y magistrados de la Audiencia Nacional se despidieron ayer de ellos tras dejarles en sus domicilios. Desde entonces, están pendientes del teléfono, para conocer sus nuevos destinos. Ayer se consumó lo que ya se venía barruntando hacía meses. La mayoría de los afectados coincide en que había que reducir el número de escoltas, pero lo que más les ha dolido han sido las formas en que se ha llevado a cabo.

Así, todos los magistrados y fiscales, excepto cinco altos cargos, comenzarán hoy a acudir a la Audiencia por sus propios medios. Así, algunos irán en moto, otros en coche particular, «y aparcar donde se pueda», e incluso alguno que vive en municipios limítrofes con Madrid cogerán el tren ligero para trasladarse hasta las inmediaciones de la Plaza de Colón, y otros tienen intención de acudir a pie hasta su juzgado o despacho en la Fiscalía, según confirmaron a LA RAZON fuentes de la Audiencia.

Algunas despedidas resultaron hasta emotivas, según esas fuentes, ya que los escoltas llevaban bastantes años asignados al mismo cargo, «por lo que se había generado una relación de mutua confianza» que traspasaba la meramente profesional.

Al margen de ello, la decisión de Interior de retirar esos servicios de seguridad originó un malestar evidente entre fiscales y magistrados de la Audiencia, hasta el punto de que el presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido hacer causa común con sus compañeros y renunciar al coche de seguridad y a los escoltas que tenía asignados, al considerar que su condición no es diferente a la del resto de los magistrados. Sí ha solicitado poder disponer de un vehículo de incidencia, al igual que los presidentes de las audiencias provinciales, para cuando tenga que trasladarse, por razón de su cargo, fuera de la sede jurisdiccional.

Ese malestar le fue expresado personalmente por el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, y por Grande-Marlaska al secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, quien se desplazó por la mañana hasta la Audiencia para mantener una reunión con ambos. En ese encuentro, Ulloa justificó los motivos por los que se había acordado la medida por causas económicas y porque se considera que no hay riesgo potencial de atentados. Quien no estuvo presente en la misma fue el juez decano de la citada sede jurisdiccional, Santiago Pedraz, quien pretendía hacerle llegar la opinión de los jueces centrales de Instrucción, del Central de lo Penal y de Vigilancia Penitenciaria. Pedraz intentó ponerse en contacto con Ulloa pero resultó infructuoso.

Zaragoza y Juanes se quejan por carta a Rajoy
El presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que muestra la preocupación de los jueces y fiscales de este órgano judicial por su seguridad, tras anunciarse la retirada de la mayor parte de los escoltas que hasta el momento les protegían, según fuentes judiciales. La misiva, firmada por Juanes y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pero que refleja el sentir general de todos los integrantes del organismo judicial, fue remitida ayer a Presidencia del Gobierno y a los Ministerios de Interior y Justicia. En ella, ambas autoridades realizan una exposición razonada «de la problemática suscitada por la retirada integral de los escoltas». Explican también la «especificidad» de la Audiencia Nacional como tribunal especializado en terrorismo y crimen organizado y corrupción y plantea, «con espíritu constructivo», que se valore esta situación, que conlleva una retirada «integral» de la protección. En el caso concreto de la Audiencia Nacional la medida de Interior, que afecta a unos 250 agentes, entrará en vigor a partir de hoy. El primer órgano en adoptarla ha sido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).