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Castilla y León

Amnistía Internacional exige plantar cara al racismo y la discriminación

Esta oenegé demanda también a todas las administraciones un «compromiso real» con los derechos humanos. Amnistía Internacional presentó ayer en Valladolid un decálogo de medidas que piensa entregar al Gobierno, a la Junta y a los partidos políticos de cara a las elecciones para que se tengan en cuenta la próxima legislatura.

Elena Briongos, de Feafes Aranda, y Anabel Areños y Arancha Vicario, de Amnistía Internacional larazon

Valladolid- Se trata de una agenda con diez puntos con la que esta oenegé internacional alza la voz para pedir a las administraciones un «compromiso real» con los derechos humanos, ya que esta oenegé internacional considera que hay muchos temas en los que no se está poniendo toda la carne en el asador, como es el caso del racismo o el trato a los menores, aunque sí reconocen avances en la atención a las víctimas de manlos tratos pese a que las cifras no decrecen.

La presidenta de Amnistía Internacional en Castilla y León, Arancha Vicario, pide a la Junta que ponga en marcha en nuestra Comunidad un Plan que proteja, promocione y unifique los derechos humanos en Castilla y León. Además, pone el acento en el racismo y la discriminación. «Un problema que a día de hoy es invisible en España», advierte Vicario, tras denunciar la «ausencia» de datos desglosados sobre el acceso a la Educación, la Salud o la Vivienda de grupos minoritarios; el «rechazo» existente hacia los extranjeros; y los «prejuicios» que en su opinión rodean a las mujeres islámicas por el uso del velo o el burka. Por este motivo, Amnistía Internacional demanda también a Castilla y León un Plan contra el Racismo y la Discriminación. Pero no cualquier plan, sino uno con recursos, en el que se tenga en cuenta y se de voz a los inmigrantes; se recopilen datos fiables sobre su acceso al estado del bienestar; y que forme en derechos humanos al personal de las administraciones públicas.

Formación policial
Reclama también esta oenegé más formación a los policías locales sobre el uso apropiado de la fuerza y el trato a las personas bajo su responsabilidad; más seguimiento y control de la Junta sobre los menores internados en centros para hacer frente «al clima de impunidad» existente, dijo; y que se garanticen los derechos sociales, económicos y culturales de todos, y especialmente de los más desfavorecidos.

Y piden más compromiso contra la estigmatización hacia las personas con enfermedad mental y que se facilite su acceso a un puesto de trabajo digno y adecuado.