La banca para temporalmente los desahucios más extremos

MADRID- No habrá más desahucios que afecten a las familias más vulnerables hasta que las cosas no se aclaren. Tanto la patronal de los bancos (AEB) como la de las cajas (CECA) anunciaron ayer sendos compromisos en este sentido, aunque con ciertos matices que los diferencian. Las cajas suspenderán todos los procesos «de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades». La patronal sigue así los pasos dados el sábado por Kutxabank, que anunció una paralización en similares condiciones.

Esfuerzos
La CECA, como ya han destacado en los últimos días algunas entidades como Bankia o Banco Popular por su cuenta, insistió en que la banca ha hecho esfuerzos durante la crisis para evitar los desahucios. «Las entidades han estudiado caso por caso para ofrecer a los clientes hipotecarios la medida más oportuna, como refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago con carácter voluntario o la adquisición de viviendas para su posterior alquiler al deudor».

Los bancos asociados a la AEB han optado por paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años «en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad». Lo hacen, dicen, «por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social». La decisión se fraguó después de que su presidente, Miguel Martín, mantuviese una reunión con el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, el pasado jueves. Con anterioridad, Martín había mantenido otro encuentro con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que se está mostrando muy activa en las últimas semanas en una cuestión que preocupa, y mucho, a la institución. Becerril mantuvo un encuentro el pasado martes con la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para mostrarle su preocupación por la gravedad del asunto y trasladarle algunas ideas que considera interesantes para atajar el problema. Entre las propuestas que le comentó están la de elaborar un concepto jurídico de «deudor de buena fe», para que no se trate por igual a aquellos que no pueden pagar su hipoteca por circunstancias sobrevenidas como la pérdida de su empleo por la crisis; la regulación del procedimiento de insolvencia de personas físicas; establecer la necesidad de un acto previo de conciliación entre las partes, o limitar los intereses de demora y de los gastos de ejecución.

Más allá de suspensiones temporales, los expertos consideran que el problema necesita ser abordado desde una perspectiva global, con cambios normativos incluidos. «Hay que modificar la actual ley hipotecaria, que es decimonónica», apunta el socio director del despacho Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas. «Hay que transformarla para humanizarla, para que proteja más al ciudadano. Hay que dulcificarla, en consonancia con la legislación europea, evitando las condiciones abusivas que aplican las entidades financieras», añadió en declaraciones a Efe.

«La ley hipotecaria es leonina, del siglo XIX, cuando las hipotecas eran para ricos», añadió Manuel Pardos, de Adicae.