La Fiscalía investiga los actos violentos de los «indignados» contra diputados

Estas diligencias se basan en el artículo 498 del Código Penal, que castiga con pena de prisión de tres a cinco años a "los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto".

A pesar de abrirse estas diligencias, como ya se produjeron ayer seis detenciones en relación con estos hechos, posiblemente la Fiscalía deberá inhibirse en favor del juzgado que vaya a investigar los incidentes.

La Fiscalía ha requerido a los Mossos d'Esquadra el atestado policial sobre lo sucedido ayer frente al recinto del Parque de la Ciutadella y la identificación de las personas que protagonizaron hechos violentos contra los diputados.

La investigación se centrará en aquellas personas que emplearon la fuerza, la violencia o profirieron amenazas graves hacia los diputados, pero no hacia las personas que únicamente se manifestaron a las puertas de la cámara catalana.

Esta investigación tampoco englobaría los actos de desobediencia o atentado a la autoridad, que puedan haber sido cometido por personas que se enfrentaron a Mossos por estos incidentes.

El conseller de Interior, Felip Puig, ha prometido hoy que los Mossos d'Esquadra identificarán al máximo número de personas que ayer acosaron y zarandearon a diputados para tratar de impedir que entraran en el Parlament y también a los que apoyaron a los violentos de forma pasiva.

En rueda de prensa, Puig ha anunciado que, además de los siete detenidos de ayer -seis durante enfrentamientos con los Mossos y uno de madrugada-, los investigadores ya han identificado a una decena de violentos, si bien esta cifra no para de crecer con el paso de las horas.

El conseller ha asegurado que ha dado instrucciones a los investigadores para que empleen todo el tiempo que necesiten para identificar al máximo número de las personas que trataron de impedir, algunos por la fuerza y otros pasivamente, la entrada de los diputados en la Cámara.

Puig ha afirmado que desde ayer los Mossos d'Esquadra están en permanente contacto con la Fiscalía, que hoy ha abierto diligencias para investigar los actos violentos de ayer.

Estas diligencias se basan en el artículo 498 del Código Penal, que castiga con pena de prisión de tres a cinco años a "los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto".

Además de identificar a los que actuaron de forma agresiva, a los que se puede imputar el artículo 498, Puig ha avanzado que los Mossos también tratarán de identificar a todos aquellos concentrados que mostraron una resistencia más pasiva contra los diputados, a los que se puede aplicar el artículo 494 del Código Penal, que castiga con penas de entre seis meses y un año de cárcel o una multa a los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las de los Parlamentos cuando estén reunidos, alternando su normal funcionamiento.

"No se trata de gente inocente ni ingenua. Son gente que amenaza y que desde la oscuridad es capaz de agredir a un invidente y que desde la multitud ataca la dignidad de los diputados. Les perseguiremos por todos los tipos de delitos que hayan podido cometer", ha insistido.