Guadalquivir
El Supremo admite a trámite el recurso del Cuco para no pagar 414908 euros
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el abogado del joven apodado el Cuco para que se anule la obligación que le impuso la Audiencia de Sevilla de pagar 414.908 euros por los gastos derivados de buscar el cuerpo de Marta del Castillo en el río Guadalquivir.
El abogado del Cuco -menor cuando sucedieron los hechos-, Fernando de Pablo, ha informado a Efe de que el alto tribunal ha admitido su recurso para unificación de doctrina, ya que ha sido la primera vez que una sentencia ha impuesto al condenado el pago de este tipo de gastos.
El pasado 20 de octubre, la Audiencia de Sevilla confirmó la absolución del Cuco de la violación y muerte de Marta del Castillo y su condena a dos años y once meses por encubrir el homicidio cometido por su amigo Miguel Carcaño en enero de 2009.
La sentencia, a diferencia del juzgado de Menores que vio el caso, le impuso el pago de los 414.908 euros que costó buscar el cuerpo en el Guadalquivir.
Dichas cantidades fueron abonadas por el Ministerio del Interior, el Puerto de Sevilla, la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Sevilla y la Unidad Militar de Emergencias (UME) para buscar el cuerpo de Marta durante varios meses en el Guadalquivir, donde los acusados dijeron haberlo arrojado.
La Audiencia, en cambio, no condenó al menor a pagar el resto de indemnización hasta los 616.319 euros pedidos por el fiscal porque excluyó la posterior búsqueda del cuerpo en un vertedero, adonde se desplazaron los efectivos por declaración de Carcaño pero no del Cuco.
Fernando de Pablo ha explicado que, de momento, solo ha anunciado su recurso al Supremo, y en próximas semanas desarrollará por escrito sus argumentos en contra del pago de la indemnización.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que vio el caso en apelación, rechazó en semanas pasadas un recurso de los padres de Marta para anular la sentencia que absolvió al Cuco.
Según la Audiencia, el incidente de nulidad planteado pretendía en realidad revocar una resolución contra la que no cabía recurso alguno y se presentó mediante una solicitud "sin soporte legal alguno y utilizando argumentos inapropiados".
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