Los negociadores ofrecieron a Batasuna «vías» para burlar la Justicia

MADRID- Las actas sobre las negociaciones mantenidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA en 2006 han sacado a la luz que el Ejecutivo estaba por la labor de buscar una fórmula que permitiese la «presencia activa» de Batasuna en la vida política, pese a la ilegalización que pesaba desde finales de marzo de 2003 sobre ella por sus vínculos con la banda.

En este sentido, fuentes personadas en la causa abierta por el supuesto «chivatazo» a ETA que impidió, en mayo de 2006, una operación contra el «aparato político» de la banda, señalaron a LA RAZÓN que la solución pasaba por que los actos, mítines u otros eventos fuesen solicitados por personas físicas «limpias». Es decir, respecto a las cuales no existiese ninguna vinculación conocida con la formación ilegalizada.

Esta «solución» aparece recogida en la primera y segunda actas intervenidas en el ordenador del dirigente etarra Francisco Javier López Peña, «Thierry», que fueron remitidas por la jueza antiterrorista francesa Laurence Le Vert a la Audiencia Nacional, junto al resto de documentación relacionada con el «chivatazo».

En ambos documentos, de junio y finales de 2006, respectivamente, se cita «continuamente» a Batasuna y a la situación de ilegalidad en que se encontraba, circunstancia ante la que la banda dejó su protesta de forma explícita.

«Propuesta» de solución
Es entonces cuando los representantes del Gobierno en las negociaciones con ETA –el ex ministro Javier Moscoso, el hoy vocal del CGPJ Javier Gómez Benítez y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren– ponen encima de la mesa la «propuesta» para salvar esos impedimentos legales: los actos que Batasuna o la autodenominada «izquierda abertzale» quisieran llevar a cabo tenían que solicitarlos «formalmente» personas a las que no se les pudiera relacionar con Batasuna.

Es más, los negociadores del Gobierno no sólo ofrecieron la citada solución para esquivar la prohibición que pesaba sobre Batasuna de realizar cualquier acto, sino que también tendrían una participación activa para lograr esos fines. Se encargarían de que los actos solicitados de esa forma fuesen autorizados por la Justicia y, en concreto, por la Audiencia Nacional, destacaron las citadas fuentes al respecto.

Detrás de todo ello se escondía el objetivo de la banda de contar con una «marca» en las elecciones municipales y al Parlamento de Navarra que se iban a celebrar en mayo de 2007. En esas dos actas no aparece sobre esa cuestión ningún partido que pudiera ocupar el lugar dejado por Batasuna tras la sentencia de ilegalización del Supremo. Y ello porque la banda no quería «quemar» ninguna sigla antes de tiempo.

Tres meses antes de esos comicios es cuando ANV sale a la palestra. La mitad de sus listas fueron ilegalizadas en un primer momento, pero las otras «colaron» y lograron representación tanto en ayuntamientos como en el Parlamento navarro. Antes de ello, la Guardia Civil aportó un «minucioso» informe al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que se aportaba la agenda incautada al dirigente etarra Mikel Antza –detenido en 2004 – en la que ya aparecía el nombre de ANV como opción muy a tener en cuenta para sustituir a Batasuna.