En Japón, el único país industrializado y democrático que, junto con EEUU, mantiene la pena de muerte y donde actualmente hay 131 reos en el corredor de la muerte, más del 85 por ciento de la población apoya la pena capital al considerarla una medida "inevitable", según un sondeo oficial de 2010.

El ministro nipón de Justicia, Makoto Taki, de 74 años, aseguró hoy en una rueda de prensa que ambas ejecuciones fueron aprobadas sólo después de un minucioso análisis de las circunstancias y por el hecho de que los crímenes de ambos fueron "extremadamente atroces y crueles".

La reo ejecutada en la horca -el método que dicta la ley nipona- fue Sachiko Eto, una curandera de 65 años natural de Fukushima (noreste de Japón. Es la primera mujer ajusticiada desde 1997 y la cuarta desde 1950, año en que se comenzaron a recopilar los datos de penas capitales en Japón.

Eto fue condenada a la pena máxima en 2008 por haber matado a golpes a seis de sus "pacientes"durante ritos exorcistas entre 1994 y 1995. El tribunal concluyó que la mujer asesinó a sus clientes con el supuesto objetivo de librarlos del diablo y, para poder culminar el ritual, dejó los cuerpos en su casa, donde fueron hallados por la Policía en avanzado estado de descomposición en un caso que conmocionó a la opinión pública.

El otro reo fue Yukinori Matsuda, de 39 años, condenado en 2009 y ejecutado en Fukuoka (suroeste) por haber robado y asesinado a puñaladas a un matrimonio de 54 años.
Las siete ejecuciones de 2012 se han producido bajo el mandato de Noda, por cuya administración han pasado ya tres ministros de Justicia desde que accedió al poder en septiembre de 2011, año en el que no se ejecutó ninguna condena.

Los anteriores ahorcamientos este año se produjeron en agosto y en marzo, cuando fueron ejecutados dos y tres reos, respectivamente, lo que rompió una racha de casi dos años sin aplicarse la pena de muerte en el país asiático. Desde que el gobernante Partido Democrático de Japón (PD) llegó al poder, en septiembre de 2009, se han producido 9 ejecuciones, dos de ellas en julio de 2010 y suscritas por la ministra Keiko Chiba, una abogada progresista que, paradójicamente, era miembro de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte.

Tras el récord de 15 ejecuciones en 2008, la legislatura del PD se inauguró hace tres años con el inicio de un "debate público"sobre la pena de muerte, impulsado por el entonces primer ministro, Yukio Hatoyama, y con el apoyo de la ministra Chiba.

Se abrió entonces una moratoria no oficial de veinte meses que la propia Chiba interrumpió con ejecuciones en 2010, en medio de la decepción de las asociaciones humanitarias y los opositores a la pena capital. La pena de muerte, incluida en el código penal nipón desde 1907, tuvo otra moratoria anterior de noviembre de 1989 a marzo de 1993, además de en 1964, año en que se celebraron los Juegos Olímpicos de Tokio, para evitar críticas internacionales.

Amnistía Internacional (AI) en Japón expresó hoy su "enérgica protesta"por las últimas ejecuciones y, en declaraciones de un portavoz a Efe, criticó la actitud del Gobierno y del ministro Taki, que en su opinión no ha sido capaz de asumir las "responsabilidades"del cargo.

AI recordó que Japón pertenece al grupo de 58 países, cerca del 30 por ciento del total, que aún mantienen la pena de muerte, una condena abolida en 140 países. Según la organización, el sistema judicial nipón es lento y la mayor parte de los reos pasan sus días en el corredor de la muerte en condiciones inhumanas, recluidos en solitario y algunos con graves problemas mentales, mientras que la condena se ejecuta en el mayor de los secretos, sin aviso previo ni testigos.