Almaraz alcanzará su «edad de jubilación»

La autorización de funcionamiento que el Gobierno ha concedido a la central nuclear de almaraz (Cáceres) hasta el año 2020, comunicada ayer, no por previsible ha dejado de sorprender. En especial por la «silenciosa» forma en que la dirección de la instalación, que entró en funcionamiento en 1981, ha recibido la notificación del Ministerio de Industria, el penúltimo día de plazo y por la tarde.Una comunicación que contrasta con la postura antinuclear del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo programa electoral anunció el «cierre progresivo» del parque nuclear español y su sustitución por energías renovables, pese a la oposición de no pocos sectores socialistas, incluido el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Una promesa que, además, Zapatero se mostró incapaz de cumplir cuando llegó la hora de decidir, por ejemplo, sobre el futuro de la central de Garoña (Burgos), que el año pasado, dos antes de cumplir su teórica «edad de jubilación» –estimada en 40 años desde su inauguración– recibió permiso para operar hasta 2013. Garoña se convertirá así, el año que viene, en la primera central española que operará más allá de las cuatro décadas, después del cierre en 2006 de Zorita, cuando cumplía 39 años en activo.Distinto es el caso de Almaraz, cuya supuesta «fecha de caducidad» –estas instalaciones funcionan con seguridad hasta los 50 o 60 años en otros países– no llegará hasta después de 2020. Volviendo a la autorización en sí, la central, copropiedad de las eléctricas Iberdrola, Endesa y Gas Natural, anunció ayer haber recibido «la notificación de la Orden Ministerial por la que se concede la autorización de explotación a la central nuclear, unidades I y II, por un periodo de diez años».Dos reactoresLa extremeña es la única central española, junto a la de Ascó, que tiene dos reactores activos (ver gráfico). El primero entró en funcionamiento en mayo de 1981, mientras que el segundo se puso en marcha tres años y medio más tarde, en octubre de 1983. Sus responsables solicitaron la renovación decenal ordinaria de la licencia en junio de 2008.De acuerdo con las mismas fuentes, Industria ha considerado el informe favorable emitido el pasado día 30 de abril por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), «en el que se constataba el correcto funcionamiento de la central y el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación».Desde el Foro Nuclear, asociación que aglutina a la industria española de la energía atómica, celebraron la decisión y la calificaron de «lógica y comprensible». «Es importante destacar que el periodo de funcionamiento de una central nuclear no tiene un plazo fijo establecido», señalaron. En España, «las autorizaciones de explotación se renuevan periódicamente» una vez superada la evaluación del CSN y con el visto bueno del Gobierno que, sin embargo, tiene la última palabra. Desde Mérida, los responsables políticos extremeños mostraron su alegría por la licencia, que consideraron un «seguro de empleo». La planta tiene un impacto anual en el PIB regional de 53,8 millones de euros y genera 1.102 puestos de trabajo, por lo que su desaparición habría hecho que el desempleo en la región subiera un 0,4%, una cifra muy alta en una comunidad con 112.000 parados. Tributos regionalesEse impacto económico y de generación de empleo se incrementará en el horizonte temporal de 2020, ya que las estimaciones fijan que la central nuclear generará en 2020 alrededor de 90,9 millones de euros y su inexistencia hubiera impedido la concreción de 2.897 puestos de trabajo. A estas cifras hay que sumar otros 600 millones de euros que recibirá la Junta de Extremadura en impuestos que pagará la planta. En concreto, según explicó ayer el portavoz de Energía del Grupo Socialista en el parlamento regional, César Ramos, serán 60 millones por año, ya que la Junta aprobó, en los Presupuestos Generales de este año, triplicar el tipo impositivo a la producción de energía termonuclear en la región. No hay que olvidar que se ha trasladado el domicilio fiscal de las propietarias desde el País Vasco a Extremadura, uno de los requisitos impuestos por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara. A este respecto, el portavoz del PP de Extremadura, Luis Alfonso Hernández, recordó que la central «aún no tributa fiscalmente en la región».Desde Madrid, el portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente, Carlos Floriano, aseguró que la autorización «tiene sentido» pese a los «disparates del Gobierno» en materia energética.

ANÁLISIS. Una autorización necesaria y previsible- ¿Qué diferencia hay entre esta autorización y la concedida el año pasado a Garoña?–La de Almaraz es una autorización ordinaria, es decir, que está contemplada dentro del ciclo de vida operativa de la planta, calculada en 40 años iniciales y con posibilidad de extensión. Esta sería pues su última ampliación de este tipo. Garoña rozaba ya, sin embargo, su «fecha de caducidad»–que sobrepasará el año que viene–, por lo que el Gobierno se vio en la tesitura de cumplir su programa electoral y echarle el cierre o romper su promesa y darle otra década de vida. Al final «tiró por la calle de en medio» y le concedió una prórroga de cuatro años.- ¿Por qué se estima en 40 años la vida útil?–Cuando se construyeron las primeras centrales, en los años 60, se estimó que la seguridad del reactor se podría mantener al menos por ese periodo. Sin embargo, centrales como la de Garoña han recibido autorizaciones para funcionar hasta los 60 años en países como EE UU. También se tuvieron en cuenta factores de rentabilidad, ya que la gran inversión que supone levantar y mantener una central atómica tarda décadas en amortizarse. Eso sí, una vez cubiertos los gastos, los beneficios son altos desde el punto de vista económico. También hay que considerar el beneficio medioambiental, ya que apenas emiten CO2.- ¿Cuál es el estado del parque nuclear español?–Aparte de Vandellós I, cerrado en 1989 tras un incendio que no afectó al reactor, y de Zorita –la planta más antigua– cerrada en 2006, la próxima que deberá renovar su licencia es Vandellós II, cuya autorización caduca el 14 de julio próximo. El año que viene, deberán pasar el examen Cofrentes (en marzo) y Ascó (octubre).El responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, criticó la decisión y alertó de la existencia de «graves problemas de corrosión» en los generadores de vapor de estas instalaciones. «A Greenpeace no le ha extrañado la decisión del Ministerio de Industria, ante su patente actitud pronuclear», señaló, al tiempo que recordó que el CSN «ha notificado 75 incidencias en Almaraz desde 2007».