El Congreso abre la puerta a la prórroga de la central de Garoña

En concreto, tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, los criterios técnicos vuelven a tener el peso de la decisión gubernativa sobre la prórroga de las licencias.

El texto de la enmienda ratificado ayer por PSOE, PP, CiU y PNV (334 votos a favor y 10 en contra) establece que se determinarán los niveles de participación de la energía nuclear en el mix energético «de acuerdo con el calendario de operación de las centrales existentes y con las renovaciones» «solicitadas por los titulares de las centrales», «teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear», entre otros criterios que ya se consideraban. El Gobierno pretendía que las centrales ni siquiera pudiesen solicitar la prórroga de su actividad más allá de los polémicos 40 años sin haber obtenido previamente la autorización del Consejo de Ministros, al margen de la arbitrariedad que pudiese existir a la hora de fijar los nuevos periodos de actividad.

El cambio en la Ley de Economía Sostenible abre la puerta a nuevas interpretaciones. Así lo entiende el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, para quien la enmienda faculta ahora al Gobierno a prorrogar la vida de la central de Garoña (Burgos) y «replantearse» su cierre. «No está incluida ni excluida, pero este marco legal permite ampliar el plazo de Garoña», subrayó Duran. A su juicio, se ha dado paso a una «importante cuestión» al eliminar el límite de 40 años introducido por el PSOE y se abre la posibilidad de fijar un «mix» hasta 2035, tal y como recoge el pacto social, que incluya a las nucleares, ya que las ocho centrales existentes -además de Garoña- concluían su vida útil a partir de 2020, informa Ep.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, rechazó esta interpretación y quiso dejar claro que, a su juicio, la reforma no tendrá incidencia en el cierre de la central burgalesa. En cualquier caso, y al margen de lo que haga el Ejecutivo, fuentes jurídicas subrayaron ayer que el texto de la enmienda podría servir de argumento en los tribunales a Nuclenor, sociedad propietaria de Garoña, en el recurso que tiene planteado contra la orden ministerial que decretó el cierre.

Mientras, el Ejecutivo quiso desvincular la enmienda de un cambio de política. «El Gobierno siempre ha dicho que a partir de los 40 años la primera palabra la tiene el CSN y a partir de ahí el Gobierno es el que decide en función de unos condicionamientos de seguridad, económicos, sociales y medioambientales», apuntó Miguel Sebastián, ministro de Industria, al tiempo que el presidente Zapatero también negó la mayor. Por su parte, Izquierda Unida denunció el giro político, que definió como «una paradoja más de las políticas socialistas».