Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, han vuelto a convertirse en personajes de actualidad. Poco o nada se sabía de ellos, salvo que seguían viviendo en Miami. Y esta visibilidad no ha sido por cuestiones relacionadas con su divorcio, sino por motivos judiciales. Desde hace tiempo mantienen contenciosos por varios delitos económicos. Uno de ellos, proviene de una querella interpuesta por el Banco de Luxemburgo, que concedió un préstamo de 3,5 millones de euros a la tenista para pagar una multa con Hacienda. Arantxa Sánchez Vicario tenía su residencia fiscal en Andorra, pero no pudo demostrar que pasara 184 días en el domicilio fronterizo con Francia. Se llegaron a publicar reportajes, tanto en revistas del corazón como en televisión, donde aparecía en diversas estancias del chalet, cuando en realidad no era así. La deportista vivía en Barcelona. Esta decisión no fue suya totalmente, sino dirigida por su padre, como ella misma contaría, e incluso llegó a demandarle. Fue uno de los peores consejos, ya que, en 2011, perdió el juicio contra Hacienda y se vería obligada a pagar los impuestos de 1989 a 1993. Un desembolso que fue el principio del fin.

Con el tiempo, se descubrió que no era verdad que viviera en Andorra y la Agencia Tributaria exigió más de tres millones de euros de multa. Ese cambio de domicilio que no era real fue el principio de sus problemas económicos, fiscales y personales. Para hacer efectiva la deuda con Hacienda, solicitó un préstamo al Banco de Luxemburgo que no se liquidó en los plazos acordados. Y no solo eso, sino que, al querer embargar bienes patrimoniales, no había nada porque lo había descapitalizado. Lo que se denomina alzamiento de bienes.

Esta denuncia se ampliaría más tarde a su exmarido, Josep Santacana, con el que no se rompió el vínculo conyugal hasta marzo de 2021. La ampliación tenía que ver con la acusación de Arantxa que, efectivamente, reconoció que había ocultado bienes, pero manipulada por su marido, que había dilapidado su fortuna. Un testimonio muy diferente al que ella misma había contado en su libro, «¡Vamos! Memorias de una lucha, una vida y una mujer». Ahí echaba toda la culpa a su padre y a otros familiares directos de no haber sabido manejar los muchos millones de euros que había ganado a lo largo de su vida deportiva. Unas declaraciones que la enfrentaron con todos los Sánchez Vicario, salvo con su madre, que no dudó en darle apoyo emocional incluso a costa de broncas con su marido y sus hijos.

La presentación fue una especie de puesta en escena con lágrimas y con su marido Santacana marcando los tiempos a la prensa, que no podía preguntar. Cuando llegó el divorcio, Arantxa solicitó legalmente un listado del patrimonio del que supuestamente era poseedor su marido. De esta manera, Hacienda y el Banco de Luxemburgo tuvieron aún más pruebas sin tener que pedirlas. En este punto, hay que destacar una información en la que fuentes relacionadas con el proceso aseguraban que «lo importante de todo esto es el tema penal en Luxemburgo. La deuda fiscal es de ella como consecuencia de haber asegurado que vivía en Andorra, y a partir de ahí viene todo el problema. Santacana tendrá que demostrar que no intervino en el patrimonio de su mujer.La situación es compleja porque, en vez de llegar a acuerdos para procurar evitar unas sentencias altas, han ido cada uno por su lado».

La pareja se casó en 2008 con separación de bienes. Unas capitulaciones en las que también se especificaba que no reclamarían ninguno de los dos cantidades en concepto de pensiones. Un pacto en el que se acordaba que cada uno tenía su patrimonio, y así funcionaron. «Lo mío es mío, y lo tuyo, tuyo». Sánchez Vicario aseguró en el juicio en EE UU, cuando llegó el divorcio, que daba por buenas las capitulaciones donde ambos se instalaron, pero ella quería saber qué había pasado con sus bienes.

Acusaciones mutuas

El problema de esta petición fue que, en vez de liberarla, supuso el desastre judicial donde las acusaciones mutuas y la peticiones se volvieron en contra de los dos. Algo así como sucedió con Mayte Zaldívar cuando apareció en televisión acusando a su todavía marido de llegar a la casa familiar con bolsas de basura llenas de dinero. Ese resentimiento personal sirvió para que se abriera la causa contra ella, contra Isabel Pantoja y otros personajes que acabaron en la cárcel. Unas complicaciones jurídicas que les pueden llevar a ambos a prisión aunque en la actualidad no tengan relación de ningún tipo.

La historia B, cuando el Juzgado de Instrucción Número 4 de Barcelona admitía a trámite la querella. Durante todo este tiempo, tanto la Fiscalía como el Banco de Luxemburgo han aportado suficientes pruebas de esos impagos y de la venta del patrimonio en España, que provocaron la acusación contra ambos por alzamiento de bienes. Un delito por el que la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y seis millones de euros de responsabilidad civil.

Un matrimonio que empezó con mal pie

Arantxa y Josep Santacana se casaron el 12 de septiembre de 2008 en el Castillo de Perelada (Gerona). Una boda que ya comenzó con la desaprobación del padre, que veía en él a un cazafortunas. Tanto es así que hubo una investigación previa al enlace encargada a la agencia de detectives Método 3. A pesar del informe donde aparecían algunas deudas, Arantxa siguió adelante con las nupcias y decidió que se daría el «sí, quiero» con su aprobación o sin ella. Parecían un matrimonio feliz y se instalaron en Miami. Tuvieron tres hijos, que en la actualidad viven cada semana con un progenitor, atendiendo al régimen de custodia compartida. La relación entre los exesposos es nula, pero sí lograron acuerdos para que sus tensiones no afectaran a los niños. Para los demás temas, no hay comunicación de ningún tipo, solo entre sus abogados.