La Policía pide al juez seguir investigando en la ‘Operación Deluxe’

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía lleva desde 2018 indagando en el modus operandi de un reducido grupo de Policías, encabezados por el agente jubilado Ángel Jesús Fernández Hita, que sacaba información de famosos de dependencias policiales para entregarla a periodistas del corazón. Información personal que terminaba en la televisión, concretamente en el programa de Telecinco ‘Sálvame’. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, cree que después de cuatro años de pesquisas la causa está prácticamente terminada, pero según fuentes judiciales, la Policía ha pedido más tiempo porque cree que puede haber más víctimas. Además, no se dan por vencidos para acreditar el delito de cohecho.

La conocida como ‘Operación Deluxe’, ha estallado a raíz de que estos últimos meses se hayan hecho públicos algunos fragmentos de sumario. El magistrado Sexmero mantiene un secreto parcial sobre las actuaciones debido al contenido sensible y personal de los datos que la Policía extraía de famosos y familiares. En los archivos constan vídeos, fotografías, datos médicos o conversaciones privadas de más de 100 espiados, según el sumario al que ha tenido acceso LA RAZÓN. De esta forma cada una de las víctimas personadas tiene acceso a su parcela de las diligencias, pero no a la del resto, algo que fuentes de las defensas consultadas califican de “caótico” porque hace complicado entender las dimensiones del caso. Al menos dos afectados han solicitado la práctica de nuevas diligencias y el juez ha remitido el escrito al fiscal para que se pronuncie.

El instructor mantiene imputada a la productora del programa ‘Sálvame’, La Fábrica de la Tele, como persona jurídica. Una productora fundada en 2007 por dos estrechos colaboradores de Mediaset y de la que el gigante italiano participa. Además del policía jubilado y del periodista Gustavo González, considerados cabecillas de este espionaje y hay seis o siete imputados, según estas fuentes, entre los que están al menos otro policía y varios redactores.

Una de las principales investigadas en su momento fue la colaboradora Mila Ximénez, fallecida en junio del pasado año. De hecho, es tras una intervención de ella en televisión hablando del hijo de Rocío Jurado que se inicia la causa. Los agentes no entienden por qué sabe tantos detalles de un atestado policial así que hacen comprobaciones para ver si ha tenido acceso a esta información policial reservada. Y tirando de este hilo cosen todos los flecos sobre cómo se vestían las informaciones periodísticas con detalles que venían directamente de la bases policiales.

La pugna por el cohecho

Entre los delitos que se investigan está el de revelación de secretos y el de cohecho por tratarse de funcionarios públicos. Pero resulta que este último el juez no lo considera acreditado. Algo con lo que la Policía discrepa.

La Unidad de Asuntos Internos ha rastreado cuentas y nóminas de Gustavo González y del Policía, según consta en las actuaciones, y no se han encontrado pagos evidentes. Sin embargo, los agentes van más allá e indican que el hecho de que los periodistas siempre invitaran a cenar al policía ya supone un pago en sí, por ejemplo. Se acogen a algunas mensajes como que uno del agente que afirma que “regala” a Mila Ximénez una información. Dice la Policía que si esa era gratis puede deducirse que las demás llevaban contraprestaciones.

Además, dicen los informes policiales, que el delito de cohecho se apuntala porque en el circulo periodístico “del corazón” se ha exteriorizado muchas veces la “existencia de ‘confidentes’ ligados a ciertos periodistas, siendo los más cotizados aquellos que pueden facilitar informaciones más íntimas, así como que existen remuneraciones por dicha información”. Así todo, el magistrado Sexmero no considera que haya indicios sólidos para sentar en el banquillo por este delito. Sí los hay, y además abrumadores, de la revelación de secretos.

El Policía Fernández Hita -que se jubiló en diciembre de 2018- con la ayuda de otros trabajaba sobre datos oficiales que pasaba a Gustavo González y terminaban distribuidos en prime time como si fueran investigaciones periodísticas. Entre los más afectados destacan, por ejemplo, los cantantes Omar Montes, Isabel Pantoja o su hija Chabelita. Pero también futbolistas como Miguel Torres, el jinete Álvaro Muñoz Escassi o el torero Francisco Rivera. En total unos 138 personas por el momento, como consta en la lista que publicó El Confidencial de forma íntegra.

Y las discrepancias sobre las que pivotan los argumentos de la Policía, varios de los afectados y los del juez son precisamente estos dos aspectos: que puede haber más víctimas y que deben cerciorarse de que no existió pagos de dinero por información (acreditar el cohecho).

Además, no solo el cohecho. Algunas de las partes quieren acusar por organización criminal. Creen que había una red totalmente formada que traficaba con la información desde las bases del Ministerio del Interior hasta los programas de Telecinco. Por eso, en algunos de los escritos de acusación que ya se preparan se pide acusar por un delito de revelación de secretos con fines lucrativos (artículo 197.6 del Código Penal) para el que se contemplan unas penas de 4 a 7 años por cada afectado.