El 15 de noviembre de 2020, en plena pandemia, en la carretera OU-801, a la altura de Ribadavia (Ourense), un control rutinario derivó en un incidente que, con el tiempo, acabaría en los tribunales, con un conductor denunciado y un agente de la Guardia Civil acusado de falsedad documental, prevaricación y amenazas.

Cuatro años después, la Audiencia Provincial de Ourense ha zanjado el caso con una sentencia absolutoria: no hay pruebas suficientes para condenar al guardia civil.

La historia arranca con un vecino de Vigo que viajaba con su madre a Ribadavia para comprar pan. El municipio se encontraba bajo confinamiento perimetral y, al ser detenido por los agentes, presentó un certificado de dependencia de los Servicios Sociales que justificaba sus desplazamientos.

Los guardias consideraron que el documento no era válido y comenzaron a inspeccionar el vehículo. En el proceso, el conductor fue obligado a salir del coche sin ponerse el chaleco reflectante y, tras recibir indicaciones para continuar su camino, optó por realizar un giro en línea discontinua en lugar de seguir recto.

Aquella maniobra le costó caro: el agente acusado lo volvió a detener y le impuso varias denuncias, entre ellas por no llevar mascarilla, por no usar el chaleco, por no llevar puesto el cinturón y por el giro que, según los agentes, puso en peligro la seguridad del control.

Versiones enfrentadas

Lo que podría haber sido una simple controversia administrativa escaló hasta convertirse en un procedimiento penal. Según la acusación particular, el agente actuó de manera abusiva y amenazante, llegando a decirle al conductor frases como "te va a salir caro el pan" y "si no llevara este uniforme, esto lo solucionábamos de otra manera".

El caso llegó a los tribunales con una acusación inicial de delito leve de amenazas por parte de la Fiscalía, aunque finalmente el Ministerio Público decidió no formular acusación. Fue el propio denunciante quien mantuvo la querella, elevando su acusación a un presunto delito de falsedad documental y prevaricación administrativa, además de los delitos leves de amenazas y maltrato de obra.

Sin embargo, la Audiencia de Ourense ha desestimado todas las acusaciones. En su sentencia, el tribunal subraya que no se ha podido demostrar que el agente manipulara las denuncias ni que actuara con arbitrariedad. La versión del denunciante, que contaba con el respaldo parcial de un brigada que presenció parte de los hechos, se enfrentó a la del guardia civil y su compañero, quienes defendieron que la actuación fue completamente legal.

El tribunal concluye que el caso se basaba en versiones opuestas sin pruebas concluyentes que inclinaran la balanza hacia la acusación. "Los medios de prueba practicados en el juicio se reputan insuficientes para estimar probados los delitos objeto de acusación", señala la sentencia.