La Xunta de Galicia ha solicitado al Ministerio de Vivienda que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) les ceda viviendas en ayuntamientos en donde haya zonas tensionadas para ofrecerlas en alquiler.

Así lo ha explicado la conselleira de Vivienda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, hoy durante un acto en Pontevedra, en donde ha ofrecido algunos detalles de la reunión que mantuvo ayer con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Un encuentro “cordial” en el que, tal y como ha explicado Martínez Allegue, Galicia ha pedido la intermediación del ministerio con la Sareb para que atienda escritos presentados y sin respuesta en los que se plantea la mencionada colaboración con el organismo.

A este respecto, la titular de Vivienda de la Xunta ha recordado que en 2015 la Sareb había cedido a la Xunta medio centenar de viviendas que se concedieron, en régimen de alquiler, a los demandantes en riesgo de exclusión social.

Sobre esta base, el Gobierno gallego aboga por una colaboración similar que permita a la Xunta disponer de viviendas en zonas tensionadas en las que los precios de alquiler se sitúan por encima del precio de mercado y que, en el caso de Galicia, se localizan en los entornos de influencia de las grandes ciudades como A Coruña, Santiago, Vigo o Pontevedra.

“De nada serviría que las facilitasen donde no hay demanda”, ha expuesto la conselleira, que también ha avanzado que han pedido al Gobierno central que incremente hasta los 140 millones, desde los 25 actuales, los fondos europeos Next Generation a trasferir a Galicia para la rehabilitación y la mejora energética de viviendas y edificio..

Proyecto Viena

Martínez Allegue ha señalado también que durante la reunión mantenida ayer trasladó al Ministerio el malestar por el hecho de que Galicia se quedase fuera de la primera fase del Proyecto Viena, que prevé construir 15.000 viviendas públicas en todo el Estado.

La conselleira ha señalado también la apuesta de Galicia por comenzar a redactar lo antes posible un nuevo plan estatal de vivienda que cuenta con la participación de las comunidades y que recupere “préstamos conveniados” a promotores de viviendas protegidas.