El próximo domingo, Rafa Zouhier –condenado a diez años de prisión por colaboración con organización terrorista y tráfico de explosivos– se convertirá en el sexto condenado por los atentados del 11-M en recuperar la libertad tras cumplir íntegramente su pena. Pero cuando sólo faltan seis días para que abandone el centro penitenciario Puerto I, en el Puerto de Santa María (Cádiz), Zouhier no sabe aún si su primera noche de nuevo en libertad la pasará en España o en Marruecos.

Sobre el hombre que puso en contacto a Jamal Ahmidan «El Chino» con el ex minero José Emilio Suárez Trashorras –que facilitó a la célula islamista los explosivos con los que se cometieron los atentados– pende una orden de expulsión a su país de origen, pero su abogado, Antonio Alberca –el mismo que lo defendió en el juicio del 11-M– está decidido a recurrir a los tribunales para evitar que se obligue a Zouhier a salir de España.

El preso, que ahora tiene 34 años, contrajo matrimonio en septiembre del pasado año con una madrileña a la que conocía antes de su detención por los atentados de Madrid «y con la que retomó la relación por Facebook estando ya en prisión», un matrimonio que complica su expulsión. «Se casó por poderes, y no en la prisión como se ha publicado, y no fue en absoluto un matrimonio de conveniencia para evitar su entrega a Marruecos», explica el letrado, quien recuerda que «hace un mes la Subdelegación del Gobierno en Cádiz le notificó que se le había abierto un expediente urgente de expulsión que aún no se ha resuelto».

Zouhier no tiene causas pendientes con la Justicia ni en España ni en su país y, aunque la comisión de un delito es suficiente para su expulsión aunque al ser detenido fuese residente permanente en España, su boda con una ciudadana española dificulta esa medida.

Según el letrado, tras su matrimonio «sólo se le puede expulsar si supone un riesgo para la seguridad nacional o el orden público». La Audiencia Nacional ya ha expresado por escrito su opinión contraria a que Zouhier siga en España, puesto que según el tribunal no ha roto sus vínculos terroristas (Instituciones Penitenciarias ha acreditado que sigue escribiéndose con Jamal Zougam, autor material de los atentados, y Rachid Aglif «El Conejo», otros de los condenados por el 11-M) y no ha pedido perdón a las víctimas.

Pero Alberca niega ambos extremos. «Se escribe con ellos porque tenían relación de antes y no es motivo suficiente, sin saber el contenido de esas cartas, para afirmar que no se ha desvinculado del terrorismo», argumenta. «Hace poco pidió perdón a las víctimas por carta y así se lo hizo saber a los responsables de las distintas asociaciones de víctimas».

El letrado acudirá a la prisión de Puerto I para recoger a su cliente y trasladarlo a Madrid en coche. Allí vive su esposa, «que tiene un buen trabajo». «Me temo que me van a notificar la expulsión el mismo domingo para que no tengamos margen de maniobra», barrunta. No obstante, la intención de Alberca, en ese caso, es pedir al juzgado de guardia del Puerto de Santa María la paralización de la medida. «Pero su decisión puede llegar demasiado tarde, con mi cliente ya en Marruecos, porque el recurso no tiene efectos suspensivos», presagia.

«Él está expectante –dice su abogado– y alucinado por no saber todavía qué va a pasar con su situación». El domingo saldrá de dudas.