"Hay victorias aritméticas que son derrotas sociales". La paradoja la expone un cargo territorial del PSOE. Y es la clave de bóveda de la deriva de Pedro Sánchez en su obsesión por conservar el poder.

El líder socialista ha despejado su reelección como presidente del Gobierno esta semana sumando 179 apoyos parlamentarios, un margen de 3 votos por encima de la mayoría absoluta. Pero en ese camino para seguir en La Moncloa ha traspasado el sentido del decoro, pagando una ristra de peajes que dañan el sistema de convivencia que nos dimos en 1978. Incluida su coronación con una amnistía total al independentismo.

Sánchez va a pasar a la historia por su demolición de la democracia. Su inminente investidura va a estar lastrada por unos pactos que suprimen de facto el control parlamentario, al aceptar mediadores internacionales para verificar mensualmente unos tratos en los que se incluye hablar de la autodeterminación de Cataluña o ejecutar desde el Congreso toda una causa contra la Justicia, el señalamiento impune de jueces, aniquilando de un brochazo la separación de poderes y el imperio de la ley.

Sánchez demuestra en cada paso que sólo le importa salvar su propia suerte. El resultado de un desmedido personalismo, rasgo principal de su carácter, está tensionando al máximo las costuras institucionales españolas.

La simple ocultación durante semanas del contenido del borrado legal del procés hace más grande el roto que se avecina. Los mensajeros oficiales del sanchismo buscan abrirse paso anticipando que "la opinión pública va a aburrirse de oír hablar al presidente de la amnistía". La acumulación de daños en la calle ni la contemplan, según su doctrina. "Si alguien piensa que a este partido se le amedrenta, se equivoca", proclaman desde las alturas socialistas. "Hay que resistir", se repiten a sí mismos. Hasta que amaine. Pero el boquete interno es enorme. En La Moncloa buscan cambiar rápidamente de pantalla, formar nuevo Gobierno y empezar a anunciar medidas que aminoren la contestación.

El núcleo duro socialista desea creer que el cansancio hará mella en los españoles y la amnistía quedará condenada al silencio. Pero el enfado ciudadano aumenta, como se ve a diario en muchas ciudades de España, con manifestaciones ante las sedes socialistas, con el epicentro en el cuartel general de Ferraz. Ver su sede nacional rodeada cada día por gente gritando contra el PSOE les hace mucho daño. El mismo Sánchez se quedó encerrado este pasado viernes cerca de tres horas con el canciller alemán, Olaf Scholz, en la subdelegación del Gobierno en Málaga ante la imposibilidad de que el cordón policial garantizase la seguridad de las comitivas oficiales y de los manifestantes apostados ante el edificio. De hecho, el presidente canceló su presencia en un acto con socialistas europeos desplazados hasta la ciudad andaluza.

Todas las plazas de España han sido este domingo un clamor contra la impunidad que Pedro Sánchez ha decretado para sus socios. Millones de españoles son conscientes no sólo de la gravedad de los acontecimientos, sino de su excepcionalidad en una democracia moderna. La reacción a la operación de partido lanzada por Sánchez que enfrenta al país es ejemplar. Por más que La Moncloa se atrinchere en frases enlatadas llenas de agujeros: "La derecha y la ultraderecha hiperventilan", "nuestra apuesta es por la convivencia", "la necesidad sacar adelante un Gobierno progresista", etc., etc.

Las cartas, en realidad, están echadas. La misma Comisión Europea ha encendido las luces rojas, por mucho que el estado mayor gubernamental trate de despejar el balón de cara a la galería. Sin embargo, dispara en privado contra el comisario de Justicia, Didier Reynders, pintándolo, claro está, como que hace "un trabajo político para el PP". Ya deberían saberlo en Bruselas: Sánchez no se achanta ante nada para lograr sus propósitos. En cuanto al PSOE, en fin… o aplaude al jefe o calla, sumiso, entre el pánico y la frustración, tras el desplome de los liderazgos territoriales. Vienen tiempos difíciles para el socialismo porque una mayoría social, acompañada por el poder judicial y los altos funcionarios de Estado, se defienden de la autocracia de Pedro Sánchez.