Un juez polémico que avaló el chivatazo a ETA

El criterio de De Prada ha sido clave para que la citación saliera adelante.

No preside el tribunal del «caso Gürtel» ni será el encargado de redactar la sentencia, pero el papel del juez José Ricardo de Prada ha sido determinante, según fuentes jurídicas, para que la citación como testigo de Mariano Rajoy saliera adelante. El magistrado «progresista», según esas mismas fuentes, habría conseguido que su compañero Julio de Diego, de tendencia «conservadora», secundara el visto bueno a la comparecencia del presidente del Gobierno sabedor de que la negativa del presidente de la Sala, Ángel Hurtado, resultaba inamovible.

De Prada une a su reconocida solidez jurídica un buen número de opiniones polémicas a sus espaldas, expresada extramuros del tribunal o en votos particulares discrepantes de las decisiones de sus compañeros. Ha calificado de «altas y desproporcionadas» las condenas a los etarras y ha esgrimido el cese de la violencia de ETA para, por ejemplo, reclamar la libertad de la abogada Arantza Zulueta, procesada por liderar supuestamente el frente de cárceles de la banda terrorista.

Destinado a la Audiencia Nacional en 1990, De Prada redactó la histórica sentencia que condenó a más de 600 años de prisión por delitos de lesa humanidad al ex militar argentino Adolfo Scilingo, un ámbito penal que conoce bien, pues formó parte del Tribunal de Bosnia-Herzegovina para crímenes de guerra.

Su amistad con el ex juez Baltasar Garzón –en noviembre de 2008 se opuso a la decisión de la Sala de lo Penal de considerar que el magistrado no era competente para investigar las desapariciones del franquismo– le acarreó una recusación que buscaba apartarle del «caso Gürtel» y que, finalmente, no prosperó.

Una de sus decisiones más polémicas se produjo en abril de 2011 cuando avaló el «chivatazo» policial que en 2006 alertó a ETA de una operación contra su «aparato de extorsión» en plena negociación del Gobierno de Zapatero con la banda terrorista. En ese voto particular, el magistrado criticaba la «actitud claudicante» de sus compañeros por mantener la acusación de colaboración con ETA a los tres mandos policiales imputados en el «caso Faisán» (delito del que finalmente serían absueltos), lo que según él permitía una «instrumentalización política».

Para De Prada, ese soplo policial a los terroristas tenía «plena justificación» en un proceso de negociación política con la banda criminal, que legitima al Gobierno de turno a disponer de «un determinado ámbito de actuación».

Fuera de los votos particulares, el magistrado levantó ampollas en abril del pasado año cuando afirmó en una mesa redonda celebrada en Tolosa que en España «la tortura se ha producido de manera clara» y criticó el excesivo peso que, se quejó, tienen los informes policiales a la hora de sustentar una condena por terrorismo.

En las antípodas ideológicas del juez De Prada se encuentra el presidente de la Sala, el «conservador» Ángel Hurtado, quien se opuso a la recusación de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, que fueron apartados del tribunal del «caso Gürtel» por su «afinidad» con el PP con la oposición, entre otros, del propio Hurtado. El magistrado rechazó esa decisión al insistir en la «particular condición procesal –secundaria y colateral– que dicho partido político ostenta en el presente procedimiento» como partícipe a título lucrativo.

El tercer miembro del tribunal, Julio de Diego, es el magistrado con un perfil más inadvertido. De tendencia conservadora, votó sin embargo a favor de la recusación tanto de López como de Espejel. De Diego es el único integrante de la inicial composición del tribunal del «caso Gürtel» que se mantienen en la Sala tras las recusaciones de sus dos compañeros.