El presidente de la Generalitat, Quim Torra se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y de Vox.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido este lunes que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral porque era "ilegal"y de "imposible"cumplimiento": "Sí, la desobedecí".

Así lo ha admitido Torra en su interrogatorio en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que afronta una petición de inhabilitación de hasta dos años por desobediencia por desoír el mandato de la JEC de retirar de edificios públicos lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos independentistas presos, durante la campaña de las generales del pasado 28A.

A la pregunta de su abogado, Gonzalo Boye, sobre si cumplió "si o no"la orden de la JEC, Torra ha sido taxativo: "No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia".

El presidente de la Generalitat ha rechazado responder a las preguntas del ministerio fiscal y a las de la acusación popular, ejercida por Vox, durante su interrogatorio. Al inicio de la declaración de Torra en la sala, el presidente de la Generalitat ha anunciado que no iba a responder a las preguntas de la acusación popular, ejercida por Vox, puesto que se trata de un "partido franquista".

"Este país ha sufrido cuarenta años de dictadura fascista, y no responderé"a las preguntas de Vox.

En este punto, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha advertido a Torra de que "no le permitiré ninguna manifestación ofensiva o descalificadora a ninguna de las partes"que forman parte de este juicio: "No voy a permitir este tipo de descalificaciones", ha reiterado.

El presidente de la Generalitat ha esgrimido que sus argumentos para rechazar las preguntas de la acusación popular "no son ninguna descalificación", y ha avanzado también que tampoco iba a responder al interrogatorio del ministerio fiscal.

"Performance"soberanista

El president Quim Torra ha llegado al Palacio de Justicia de Barcelona arropado por todo su Govern y las entidades y partidos independentistas. Le han recibido al salir del coche el expresidente de la Generalitat, Artur Mas; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y casi todo su Ejecutivo.

De hecho, los partidos y entidades habían convocado a las 8.15 horas en el Paseo Lluís Companys de Barcelona para acompañar al presidente de la Generalitat hasta la escalinata del Palacio de Justicia –un recorrido de apenas unos metros– en una nueva «performance» soberanista.

En los exteriores del TSJC se han reunido también centenares de manifestantes independentistas que han recibido al president coreando cánticos como 'No es justicia, es venganza' y 'Libertad presos políticos’.

Torra es el primer presidente en activo que se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de desobediencia por no descolgar los lazos amarillos en el plazo establecido por la JEC. Se enfrenta a una posible inhabilitación de 20 meses.

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"Autoinculparse"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga hoy al president del Govern, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en periodo electoral. Una cita ante la que Torra tiene decidida su estrategia: autoinculparse, reconocer que efectivamente sí desobedeció los requerimientos y resoluciones de la Junta Electoral y justificar esta decisión con el argumento de que únicamente estaba ejercitando su derecho a la libertad de expresión al exhibir las pancartas con lazos amarillos y en defensa de la libertad de los políticos encarcelados por su implicación en el «procés».

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros.

La estrategia de Torra también pasa, sobre todo, por usar el juicio como altavoz para «acusar al Estado» de haber «vulnerado» sus derechos «y los de todos los catalanes» con la orden de la Junta Electoral central de descolgar la pancarta a favor de los presos independentistas. «Esta pancarta representaba para muchos catalanes una idea de justicia, de derechos humanos», explicó ayer el líder del Ejecutivo catalán en una entrevista en el diario «Ara». «No voy a defenderme de nada porque cumplí mi deber como president: defender los derechos y las libertades», reiteró a través de las redes sociales en la misma línea.

Un argumento que mantiene desde su declaración como investigado ante el TSJC en mayo y en la que admitió que «desobedeció» las órdenes de la JEC porque se debía «a un mandato superior de la ciudadanía en defensa de los derechos humanos», según sus propias palabras. «Y por respeto a la ciudadanía, hice lo que hice», repite ahora Torra, quien también muestra su convencimiento de que no será «inhabilitado».

En concreto, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusa a Torra de un delito de «desobediencia» por negarse «abiertamente» a retirar los lazos amarillos, las pancartas y los símbolos «partidistas» de la sede de la Generalitat y de diversos edificios públicos el pasado marzo en periodo electoral, evidenciando «su desprecio a acatar la orden» de la JEC.

Al margen de los argumentos de Torra y de los «aspectos técnicos» que exponga su defensa, el juicio se convertirá en una nueva plataforma de propaganda para el independentismo: los partidos y entidades han convocado a las 8.15 horas en el Paseo Lluís Companys de Barcelona para acompañar al presidente de la Generalitat hasta la escalinata del Palacio de Justicia –un recorrido de apenas unos metros– en una nueva «performance» soberanista. En esta ocasión, Torra estará arropado por el vicepresidente del ejecutivo y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, los consellers de su gabinete y la mayoría de diputados de ambos partidos. También se podrá ver a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, y al el ex presidente de la Generalitat Artur Mas.

17 testimonios

El juicio está previsto que empiece y termine hoy mismo en sesión doble de mañana y tarde. La vista oral empezará a las nueve de la mañana con la declaración del president de la Generalitat ante un tribunal encabezado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos.

Seguidamente, pasarán por la sala del Palacio de Justicia hasta 17 testimonios en una jornada que se podría alargar más allá de las 18.00 horas. En concreto, declararán hasta 11 agentes de la Policía Nacional –dos de ellos por videoconferencia– que certificaron la sustitución de la pancarta a favor de los dirigentes independentistas presos por otra sin el lazo amarillo pero con el mismo mensaje, además del entonces comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius.

Ya por la tarde está previsto que tomen la palabra el portavoz parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa; la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera; la portavoz de la Generalitat en marzo, Elsa Artadi; el Síndic de Greuges (el «defensor del pueblo catalán»), Rafael Ribó –a quien el president pidió un informe para decidir si descolgaba o no los lazos– y el titular de Interior, Miquel Buch.