Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria: «Bolaños me dijo que un Gobierno progresista jamás modificará el sistema de elección del CGPJ»

Mientras arrecian los ataques a los jueces desde el independentismo, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa de la carrera, advierte de que el señalamiento público de magistrados crea «una profunda desconfianza en la ciudadanía». «Exigimos respeto», reclama Sergio Oliva, que ve complicado que Europa avale la ley de amnistía y rechaza que la renovación del CGPJ se produzca con el actual sistema de elección, que según asegura el Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a modificar.

¿La ley de amnistía tiene cabida en la Constitución?

Desde el punto de vista técnico jurídico, en nuestra asociación hicimos un informe cuando se presentó la proposición de ley. Si bien es cierto que se puede sacrificar la quiebra del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, siempre y cuando esté el fin constitucionalmente protegido o garantizado–como se ha dicho en muchas sentencias del Tribunal Constitucional–, entendemos que en esta ley no se cumple y, por tanto, va a ser difícil validarla constitucionalmente. Ahora bien, es una competencia exclusiva del Tribunal Constitucional, no nuestra.

¿Las consecuencias de las acusaciones de «lawfare» a los jueces pueden ser irreparables?

Los señalamientos públicos a jueces crean una profunda desconfianza en la ciudadanía y es muy evidente porque, ¿cómo van a confiar los ciudadanos en la imparcialidad e independencia de los jueces si los representantes públicos de esa ciudadanía los denigran y descalifican públicamente? Exigimos respeto al resto de poderes del Estado, al igual que también nosotros nos lo exigimos respecto a ellos. El respeto institucional tiene que ser bidireccional.

Tras las últimas enmiendas, la proposición de ley ampara la amnistía a delitos de terrorismo salvo cuando supongan una violación grave de los derechos humanos. ¿Existe un terrorismo de baja intensidad?

Vivimos unos tiempos en los cuales las palabras parecen moldearse en función de los intereses. No existe un terrorismo «light» o un terrorismo bueno. El terrorismo es único. Las propias directivas a las que se refieren esas enmiendas no distinguen entre terrorismo bueno y malo. Por la afectación directa a esa Directiva, pero también por los valores de la Unión Europea, tendrá que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esa diferenciación y creo que tendrá difícil pasar el control del TJUE o, incluso antes, el de la Comisión Europea o el Parlamento.

Que la amnistía cobije delitos de terrorismo y de malversación ¿compromete el posible visto bueno de la Justicia europea?

Sí, la afectación a los valores fundamentales de la Unión puede verse comprometida. Creemos en la independencia y la imparcialidad de los magistrados del TJUE y serán ellos los únicos competentes para poder determinar si es conforme a la jurisprudencia y normativa europeas lo que se ha establecido en esta ley de amnistía.

Acusaciones de "lawfare"

¿Qué espera del Tribunal Constitucional en su ineludible examen de la adecuación de la ley a la Carta Magna?

La forma de designación y las personas designadas como magistrados del Tribunal Constitucional deben tener una garantía de apariencia de independencia e imparcialidad y estimamos que su actual composición no cumple con esa apariencia. Y no hablo de que sean independiente o imparciales las personas que están dentro del tribunal, sino de que por el origen de la designación y por quién han sido designadas quiebra esa apariencia de independencia. Pero como asociación judicial, respetamos profundamente la independencia e imparcialidad de cualquier órgano del Estado y estoy convencido de que actuarán conforme a su conciencia. Lo que ocurre es que la ciudadanía tiene la impresión de que no hay una apariencia de independencia e imparcialidad. Además, el sistema de votación en bloque, de 7 a 4, que se ha venido dando no ayuda a limpiar esa duda que puede existir sobre un tribunal que es capital en nuestro sistema jurídico.

¿Entiende el silencio de la Fiscalía sobre la ley de amnistía?

Hay asociaciones fiscales que ya se han pronunciado sobre esa cuestión. En relación con un pronunciamiento del fiscal general del Estado, en un sistema democrático en el que deban primar sobre todo esas apariencias de independencia e imparcialidad, incluso en un órgano jerarquizado como puede ser el el Ministerio público, la forma de designación del fiscal general también tiene que beber de esa referencia y no estoy convencido que que esto ocurra en la actualidad. Con lo cual, puedo entender el posicionamiento del fiscal general del Estado, pero lo que no puedo amparar es que no se respete y garantice esa apariencia de imparcialidad que debe tener todo órgano constitucional.

Como magistrado, ¿qué valoración hace del espionaje del CNI a determinados líderes independentistas catalanes?

Por parte del CNI se pide autorización al Tribunal Supremo, que lo autorizó conforme a unos criterios jurisprudenciales, porque entendía que procedía. Todos se ha hecho conforme al amparo legal. España por suerte es un Estado de derecho en el que se dictan muchas resoluciones y cabe la posibilidad de plantear recursos e incluso recusaciones y todo se resuelve conforme a los criterios jurídicos y las normas establecidas, y sin causar indefensión a ninguna de las partes.

El CGPJ lleva cinco años pendiente de renovación. ¿De quién es la culpa?

Es una culpa compartida. El Partido Popular no ha querido cumplir la ley en estos cinco años, y eso es una verdad como un templo. Pero también es verdad que el PSOE insiste en un sistema de designación de vocales que, con claridad meridiana, ha devenido en inconstitucional conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, en donde ya se establecía que, si ese sistema de designación parlamentaria se convertía en un sistema de designación partidista, no tendría validez constitucional.

Tuve la oportunidad de decírselo al ministro en mi última reunión con él, el 15 de enero. El insistió en que la culpa era del Partido Popular. Yo le dije que es muy importante cumplir la ley, pero también cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Y este sistema se ha pervertido de tal manera que hay una cuota partidista en el Consejo que lo único que provoca es que se traslade a la ciudadanía la imagen de que los jueces de este país se guían por motivaciones de carácter político. Y eso es un error manifiesto.

Enmiendas

Su asociación defiende, como la mayoría, que sean los jueces quienes elijan a los doce vocales de procedencia judicial del CGPJ. Ahora no parece posible. ¿Qué supone renovar el Consejo con el actual modelo de elección?

Supone ahondar más en su politización. Entiendo la buena voluntad de quienes, después de cinco años, defienden la necesidad de renovar ya el CGPJ. Pero cualquier atajo que se produzca respecto a la no designación de los doce vocales de procedencia judicial por parte de la carrera judicial va a seguir horadando esa apariencia de falta de independencia y falta de imparcialidad que se traslada a la ciudadanía. Por eso intenté convencer al ministro de la necesidad de que sea la carrera judicial la que elija a esos doce vocales.

¿Y cuál fue su respuesta?

Me aseguró que jamás iba a ocurrir eso con un Gobierno progresista. Y yo creo sinceramente que, quiera o no quiera, es el camino que ha tomado la Unión Europea. Es fundamental que ocurra ya, porque no estoy convencido de que, incluso el PP, pueda cumplir su palabra y depositar la confianza en la carrera judicial para que elija a esos doce vocales. Porque tuvo oportunidad de hacerlo, incluso iba en su programa electoral, y cuando tuvo mayoría absoluta no lo cumplió.

Por lo que cuenta de su reunión con el ministro no parece que albergue esperanzas de que el PSOE tenga voluntad de modificar el sistema de elección.

No sé si cambiará de opinión, pero el ministro de Justicia me lo dijo con una contundencia de tal magnitud que se lo agradecí, porque normalmente no te encuentras con políticos con mando que te digan las cosas con tal claridad. Con lo cual, si eso no va a ocurrir, la posición que va a adoptar el PSOE no va a permitir que el PP pueda vender que ha llegado a ese entendimiento con el Partido Socialista.

Bloqueo

¿La implicación de la Comisión Europea en esa renovación puede ayudar?

Ese tutelaje para que puedan llegar a un entendimiento el Gobierno y el principal partido de la oposición me parece una extravagancia. La mera formulación de esa reunión produce aversión al legislador constitucional, que vino a decir en esa sentencia de 1986 que no hubieran cuotas partidistas. ¿Si soy optimista con el resultado de esa intermediación? Quitar cuotas de poder que han pervivido casi 40 años es muy complicado. PSOE y PP han intercambiado cromos de vocales del CGPJ todo ese tiempo y quitar esa posibilidad es un acto de bondad y de Estado que, tristemente, no creo que sean capaces de llevar a cabo. Por eso, creo que van a llegar a cualquier tipo de arreglo de renovación y van a dejar para el futuro, sine die, esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita a los jueces y juezas de este país elegir a los vocales de procedencia judicial.

¿Qué supondría una rebaja de las mayorías necesarias para la renovación o dejar fuera al Senado como solución al bloqueo?

Creo que eso no va a ocurrir nunca, porque cuando se intentó, desde la Comisión Europea pusieron el grito en el cielo y dijeron que eso no podía ser. Para el ciudadano, eso supondría que las mayorías del CGPJ estuvieran determinadas por el Gobierno de turno. Aparte de los nombramientos de altos cargos judiciales, el Consejo tiene otras funciones importantes, como el servicio de inspección, y se correría el riesgo de que hubiese investigaciones frente a jueces que no siguen el criterio del gobierno de turno. Ese es el peligro y la ciudadanía debería estar preocupada ante ese posible escenario, aunque no creo que se produzca. En todas las conversaciones que he tenido con políticos socialistas en este sentido, me han negado que esto sea una posibilidad.

Hay casi un centenar de plazas judiciales pendientes de nombramiento. Este Consejo va a tener muchísimo poder.

El próximo CGPJ es el Consejo más importante de la democracia. No solamente tiene que nombrar múltiples vacantes en el Tribunal Supremo, sino que tiene que nombrar también a muchos presidentes de tribunales superiores de justicia, a muchos presidentes de audiencias provinciales, que van a tener en sus manos las decisiones más importantes de este país en los próximos años. Es importante que la ciudadanía entienda que la forma de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, en cuyas manos recae esa facultad, tiene que estar absolutamente limpia de polvo y paja, garantizando más que nunca esa apariencia de independencia y parcialidad. Y sinceramente, creo que perpetuando el sistema de designación política no va a existir esa apariencia.

Mediación

A esta situación se ha llegado, en buena medida, por la reforma que impide al CGPJ cubrir las vacantes judiciales mientras esté en funciones. ¿Qué balance hace de esa ley, avalada recientemente por el TC?

Respetamos profundamente la sentencia del Tribunal Constitucional, pero entendemos que el perjuicio que se ha causado, no ya solo a los jueces que tenían sus legítimas aspiraciones de poder aspirar a esas plazas, es muy importante. El perjuicio se está causando a la ciudadanía. Los pleitos que de manera definitiva tenían que verse solucionados en un tiempo racional están durmiendo el sueño de los justos en el Tribunal Supremo en diversas salas. La situación es dramática en la jurisdicción social y, también, en la contencioso-administrativa, en donde la falta de magistrados está haciendo que pleitos que tenían que haberse resuelto en tiempo, no se han resuelto. Y el problema va a ser todavía más grande viendo las jubilaciones que van a producirse.

Su asociación respaldó el acuerdo con el Ministerio de Justicia que incluyó una mejora retributiva para la carrera judicial. Pero hay muchas más reivindicaciones pendientes.

En la mesa de retribuciones había componentes salariales, pero también otros relacionados con la ratio de jueces. Se había acordado el aumento de la plantilla, que tristemente no se ha cumplido en la convocatoria de plazas en 2023. La ciudadanía tiene que saber que está en riesgo la tutela judicial efectiva de los españoles. Por varias razones. La primera, porque la carga de trabajo que tienen los jueces es extraordinaria. Desde 2018, la tasa de litigiosidad ha aumentado más de 15 puntos y, en ese mismo periodo, lo que ha ocurrido es que cada vez somos menos jueces. Ahora mismo hay 11,24 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 17,60 de la media europea. Pero, por si fuera poco, entre 2022 y 2031 se va a jubilar el 33% de la carrera judicial actual. Si en los próximos años no se convocan entre 310 y 320 plazas al año, vamos a bajar a 10,20 o 10,40 jueces por cada 100.000 habitantes.

Ya se están fijando juicios para 2027 o 2028 en algunas jurisdicciones como la social. Esas personas que están esperando, por ejemplo, por una pensión de incapacidad permanente, por un despido o por la reclamación de una cantidad no van a tener una tutela judicial efectiva de sus derechos y eso nos quiebra como sistema democrático.

¿Cuál es su diagnóstico del estado de la Justicia en España en estos momentos?

Es una Justicia que está abandonada, y lo más preocupante, conscientemente, porque no interesa un Poder Judicial fuerte, que significa una justicia material más cercana, más posible, con todo lo que eso implica. La ciudadanía española no es consciente de la gravedad del problema. Espero que los jueces sean capaces de trasladar la importancia que tiene para un país democrático tener un Poder Judicial fuerte, solvente y que atienda los problemas de la ciudadanía en tiempo y en plazo.