El Senado cerca a Marlaska para aclarar si ha ayudado a García Ortiz para el borrado de su móvil

El Gobierno está asediado por los problemas judiciales y salpica a figuras clave de la estructura del Estado. En este sentido, en el marco de la causa por la que se investiga a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, empieza a aparecer la sombra del ministro Fernando Grande-Marlaska y una supuesta ayuda al fiscal general del Estado en el borrado de los mensajes sobre la presunta filtración de información comprometida sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, el Senado ha solicitado la comparecencia de Marlaska para que dé explicaciones sobre si la Policía Nacional asesoró a Ortiz tras la noticia publicada por LA RAZÓN el pasado jueves, en la que se revelaba que Interior recibió el pasado 10 de enero una petición de ayuda por parte de la Fiscalía.

Hasta ahora, Marlaska ha negado públicamente que él mismo o funcionarios del Ministerio del Interior hayan prestado ayuda a Ortiz para borrar los mensajes de su móvil. No obstante, tal y como informó LA RAZÓN el jueves, la Policía recibió una petición de asesoramiento tras la solicitud por parte del Tribunal Supremo del tráfico de llamadas de Ortiz a las operadoras Movistar y Vodafone para tratar de esclarecer los contactos que mantuvo el fiscal general del Estado en los días de la filtración de los mensajes sobre la pareja de Ayuso ya que ahora mismo no se puede acceder a ellos porque están borrados. La sospecha se ha disparado todavía más tras ver que, días después de la solicitud, en la base de datos que registra las peticiones, se había hecho una modificación para suprimir el término "asesoramiento" para evitar delatar al fiscal, aunque ya era demasiado tarde.

En todo caso, el Senado, con mayoría absoluta del PP, quiere aclarar lo sucedido y, para ello, ha solicitado la comparecencia de Marlaska y ha remitido hasta ocho preguntas por escrito a Interior. Hasta ahora, Marlaska ha negado en los medios de comunicación que ayudara a Ortiz, pero no ha comparecido en alguna de las sedes de las Cortes (Congreso y Senado) para dar explicaciones sobre lo sucedido. El borrado de mensajes de Ortiz es nuclear en la causa ya que es el elemento que permitiría aclarar si el fiscal es autor de la filtración o no: sin embargo, hasta ahora no se han podido recuperar esos mensajes pese a que algunos sí figuran en los celulares de los remitentes.

En concreto, las ochos preguntas por escrito formuladas son las siguientes: ¿Cuál fue la solicitud de asesoramiento que recibió la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional por parte de la Fiscalía General del Estado?; ¿Quién firmó esa solicitud?; ¿Fue el fiscal imputado?; ¿Su número dos imputada?; ¿Se pedía en esa solicitud justificación para el borrado de mensajes?; ¿Por qué se borró después en la base de datos de la Policía esa solicitud de asesoramiento?; ¿Qué recomendaciones de, ciberseguridad, hizo la Policía Nacional a la Fiscalía?; ¿Participó la Policía Nacional en el borrado de los mensajes del móvil del Fiscal General del Estado?.