Seis diputados se jugaban su libertad si ignoraban al TC

El Supremo advirtió a Forcadell, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Guinó de que si volvían a la vía unilateral su situación podía ser modificada.

Seis de los diputados que iban a participar ayer en el Pleno de investidura, suspendido a última hora por Roger Torrent, se jugaban algo más que un mera decisión política. Imputados por rebelión y en libertad bajo fianza, cualquier paso en falso en la misma dirección que les llevó ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena –la vía unilateral hacia la independencia– puede empeorar su situación procesal. Y desobedecer la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Constitucional (TC) no era, desde luego, la mejor manera de ratificar su compromiso de acatar la legalidad y renunciar a la contumaz desobediencia a las resoluciones judiciales que caracterizó la recta final del «procés».

Para todos ellos, la suspensión del Pleno por parte del presidente del Parlament –quien también se enfrentaba a su primera prueba de fuego tras la actuación de su antecesora, Carme Forcadell– despejó a última hora los nubarrones que se cernían sobre su horizonte procesal en caso de verse obligados a votar a favor de la candidatura telemática de Carles Puigdemont.

Y es que sobre los diputados de Junts per Catalunya (JxC) Josep Rull, Jordi Turull y Lluís Guinó y los de ERC Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa pesa la directa advertencia del juez Llarena de un posible ingreso en prisión si desmienten con los hechos el compromiso de respetar la legalidad.

El magistrado ya lo dejó claro en algunas de sus resoluciones, en las que expresaba su temor a que, en la actual legislatura, algunos de los investigados en libertad bajo fianza incurrieran en reiteración delictiva, uno de los motivos que llevaría al juez del Tribunal Supremo a revisar su situación procesal.

En el auto en el que acordó la prisión de Forcadell eludible con el pago de 150.000 euros de fianza (que abonó horas después) y dejó en libertad bajo fianza de 25.000 euros a otros cuatro ex miembros de la Mesa del Parlament (Guinó entre ellos), Llarena ya planteaba que «el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura en un ilegal proceso constituyente».

Ante el instructor de la «macrocausa» contra los principales responsables del «procés», los ahora diputados en libertad bajo fianza asumieron la intervención del Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución y, además, que o renunciaban a la actividad política o, de seguir ejerciéndola, lo harían «renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional».

Llarena asumía, no obstante, que esas afirmaciones «pueden ser mendaces», pero avisaba de que, en caso de que así se constatara, las medidas cautelares impuestas (Forcadell y Guinó, por ejemplo, deben comparecer semanalmente en el juzgado, tuvieron que entregar su pasaporte y no pueden salir de España sin autorización judicial) pueden ser modificados «si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga». El Pleno de investidura era, por tanto, la primera ocasión para comprobar si esa renuncia a la vía unilateral era o no sincera.

El juez del Tribunal Supremo también preveía un riesgo de reiteración delictiva «si el resultado de las elecciones del 21-D termina facilitando a los investigados una capacidad decisoria semejante a la que tuvieron». Para conjurar ese peligro, Llarena consideró entonces suficiente garantía dos presupuestos: el compromiso de los investigados de renunciar a la vía unilateral y la posibilidad siempre abierta de modificar las medidas cautelares impuestas si en un futuro incurrían en nuevos hechos presuntamente delictivos.